
La decisión de Gustavo Petro de establecer un alza del 23,7 % en el salario mínimo para 2026 en Colombia provocó opiniones divididas entre figuras políticas y sectores empresariales. Mientras ciertos actores respaldan la medida al verla como una oportunidad para mejorar la situación de los trabajadores, otros expresan preocupación.
En ese contexto, el precandidato presidencial Roy Barreras mencionó una publicación de 2022 en la que el empresario Mario Hernández planteó la posibilidad de aumentar el salario mínimo en un 20%. Barreras destacó la coincidencia de posturas al afirmar: “Es positivo contar con el respaldo del empresario en esta propuesta”.
Y es que Hernández recientemente cuestionó el aumento al salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro.
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En la publicación de 2022 que Roy Barreras trajo a colación, Mario Hernández se dirigía al presidente Gustavo Petro para sugerir un incremento del salario mínimo superior a la inflación proyectada para ese año. Hernández señalaba que, aunque existían diferencias de opinión con el mandatario, compartía la idea de mejorar los ingresos de los trabajadores y de promover el empleo.

“Presidente @petrogustavo la inflación va a cerrar el año rondando el +-14% yo le propongo que suba el salario mínimo el 20% y que fomentemos a la gente que quiere trabajar. Tenemos diferencias importantes, pero igual que usted soy un convencido de que la gente debe ganar más”, escribió el empresario en aquel momento.
Barreras resaltó la coincidencia en la visión sobre la necesidad de un salario mínimo más justo. El precandidato presidencial subrayó la importancia de que sectores tradicionalmente opuestos, compartan este enfoque sobre los ingresos de los trabajadores.

“Qué bueno que el empresario-candidato del uribismo Mario Hernández esté de acuerdo con nosotros en que es bueno que la gente tenga un salario mínimo más justo”, comentó Barreras.
Barreras añadió que, tras el ajuste al salario mínimo, el siguiente paso consiste en reducir las cargas para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de incentivar el crecimiento económico general. Según sus palabras, el proceso de transformación debe beneficiar tanto a los trabajadores como a los empresarios, garantizando responsabilidad en la implementación de los cambios.
“El paso que sigue : aliviar la carga de las MIPYMES y luego estimular el crecimiento de toda la economía. El cambio es justo, es necesario y es inevitable pero debe ser un CAMBIO RESPONSABLE con el que ganen todos : trabajadores y empresarios”, comentó el candidato presidencial afín con el actual Gobierno de Colombia en un mensaje en su cuenta de la red social X.
Y es que, recientemente, el empresario expresó su desacuerdo con el aumento del salario mínimo previsto para 2026.
A través de su cuenta en X, planteó dudas sobre la decisión del presidente, señalando que sin mejoras en la productividad empresarial, la medida podría provocar presiones inflacionarias y disminuir la competitividad. Además, advirtió que el incremento salarial repercutiría en el costo de vida para la población colombiana.
“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación.Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”, escribió Hernández en sus redes sociales.
El empresario también aclaró que no apoyar un aumento excesivo del salario mínimo no significa negarse a que los trabajadores perciban mejores salarios.

“No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, expresó.
Más adelante, Mario Hernández, quien aspira a un escaño en el Senado por el partido opositor el Centro Democrático, centró su señalamiento en el presidente, a quien responsabilizó de un posible encarecimiento de bienes y servicios en Colombia.
Además de las declaraciones de Mario Hernández, otros líderes gremiales y empresariales manifestaron su desacuerdo con la forma en que se estableció el nuevo salario mínimo para 2026 y con sus posibles consecuencias.
Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), describió la negociación como una “farsa y burla institucional para el sector productivo del país” y afirmó que la medida fue “anticipada, unilateral y abiertamente populista”.
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