La decisión de la Corte Constitucional de no abordar de inmediato el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno durante la vacancia judicial generó nueva controversia. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, criticó la medida en sus redes sociales, señalando que es necesaria su discusión porque, a su juicio, afecta de manera directa los derechos de la ciudadanía.
A la par, el aspirante al Congreso de la República sostuvo que la acción de tutela que interpuso el Centro Democrático junto a su candidata presidencial, Paloma Valencia, representa la única vía rápida disponible en este periodo. En una publicación realizada en su cuenta de X, afirmó que la tutela debería avanzar ante la falta de actividad de la Corte Constitucional, que tiene previsto retomar el trámite desde el 13 de enero de 2026.
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“A la protección de los derechos ciudadanos no le puede aplicar la vacancia. Por eso ante la vacancia de la Corte Constitucional debería proceder la Tutela”, indicó Uribe Vélez.
La tutela que interpuso el Centro Democrático y otros colectivos políticos contra la medida
El Centro Democrático presentó la tutela el 24 de diciembre de 2025, pidiendo frenar los efectos del decreto mientras el alto tribunal lo revisa. El recurso señala que la declaratoria de emergencia económica es inconstitucional y acusa al Gobierno nacional de imponer nuevos impuestos utilizando esta figura.
“El Centro Democrático, encabezado por la Candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la Emergencia Económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de Enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando: “La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. El déficit fiscal y el hundimiento de una Ley de Financiamiento en el Congreso no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Es el turno para que la Corte proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos saqueado por el gobierno socialista de Petro”, según declaró a medios nacionales.
Bajo esta línea, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y el abogado Germán Calderón España, se sumaron como demandantes, exigiendo no solo la declaración de inexequibilidad del decreto, sino como una medida de suspensión provisional mientras se completa la revisión constitucional.
El togado hizo referencia a la importancia del Congreso de la República en el proceso, advirtiendo que la Cámara debe ejercer funciones de control sobre el decreto de emergencia y que el Legislativo tendría que convocar a sesiones extraordinarias.
En sus fundamentos jurídicos, De la Espriella cuestionó la validez del decreto de emergencia económica, al señalar que, en su opinión, “el documento no se fundamenta en hechos sobrevinientes o extraordinarios que pudieran alterar la situación económica del país”, por lo que reclama su declaración de invalidez.
Además, solicitó la suspensión provisional de sus efectos mientras el alto tribunal evalúa su constitucionalidad, incluyendo la petición de que los magistrados sesionen de manera extraordinaria durante el receso navideño para abordar el caso.
En contraposición a los recursos jurídicos presentados, el presidente Gustavo Petro confirmó, en defensa de la medida, que el Estado colombiano no está en capacidad de pagar la deuda que tiene.
En la la alocución presidencial emitida el martes 23 de diciembre de 2025, el mandatario nacional situó en manos de la Corte Constitucional el rumbo inmediato de Colombia tras la promulgación del decreto, advirtiendo que la decisión del alto tribunal determinará “si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica”.
Así mismo, Petro insistió en que la maniobra busca evitar el “abismo” financiero al que, según el mandatario, podría conducir la actual insostenibilidad de la deuda.
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