Gobernadora Dilian Francisca Toro solicita incidente de desacato contra el diputado Jonhy Acosta

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó al Juez Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la apertura de un incidente de desacato en contra del diputado Jonhy Acosta. La mandataria, a través de su apoderada Gloria Stella Ortiz Delgado, argumentó que existe un persistente incumplimiento de la sentencia emitida el 19 de diciembre por la Corte Constitucional, que ordenó al diputado rectificar información considerada falsa sobre la funcionaria en redes sociales.

La gobernadora afirma que el diputado sigue difundiendo mensajes falaces y revictimizantes, a pesar de la orden judicial vigente. En el comunicado oficial, la apoderada de Dilian Francisca Toro expuso que, tras el fallo de la Corte Constitucional, el diputado Acosta debía rectificar las publicaciones en un plazo no mayor a 48 horas.

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La sentencia exige que el asambleísta publique mensajes aclaratorios y rectificatorios en sus perfiles de redes sociales, con el objetivo de reparar los derechos al buen nombre y honra de la gobernadora. Según el memorial presentado ante el juzgado, el diputado continúa emitiendo información contraria a la realidad, incumpliendo los términos del fallo y vulnerando a la mandataria.

La representante legal de la gobernadora enfatizó que la sentencia reconoce el derecho a la oposición política, pero establece límites claros cuando se trata de informaciones falsas o infundadas.

“La sentencia dejó en claro que la oposición política está protegida constitucionalmente, pero no se protege cuando se otorga información falaz, mentirosa o contraria a la realidad. Lastimosamente, el diputado Acosta Villota sigue informando a sus seguidores en redes sociales en forma falaz y contraria a la realidad, por lo que lejos de cumplir el fallo, sigue revictimizando a la accionante, pese a tener en su contra orden judicial de la Corte Constitucional que protege los derechos de la señora Toro Torres”, señaló Ortiz Delgado en el documento remitido a las autoridades judiciales.

La Gobernación del Valle del Cauca solicitó al despacho judicial que actúe con prontitud, con el objetivo de garantizar la ejecución de la sentencia y detener la circulación de información falsa que afecta los derechos de la mandataria. “Agradecemos su atención y pronta intervención para hacer efectiva la orden de la Corte Constitucional, máxima guardiana de los derechos fundamentales en el país y de la integridad de la Constitución”, concluyó la solicitud.

Contexto de la sentencia y obligaciones impuestas al diputado

La resolución de la Corte Constitucional surgió tras un proceso de tutela interpuesto por la gobernadora. El fallo ordenó al diputado Jonhy Acosta rectificar publicaciones realizadas el 22 de julio de 2024 en TikTok e Instagram, y el 14 de agosto de 2024 en su cuenta de X, en las que se atribuían a la mandataria hechos ya descartados por la justicia.

La Corte precisó que Acosta debía aclarar que Dilian Francisca Toro fue investigada por presuntos vínculos con el paramilitarismo, pero la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación en 2018. Además, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación por lavado de activos el 11 de julio de 2018, al no acreditarse responsabilidad de la mandataria.

El fallo también ordenó que las publicaciones rectificatorias se mantuvieran visibles en las redes sociales del diputado hasta alcanzar 40.000 visualizaciones en TikTok e Instagram, y 12.000 en X.

En el caso de la publicación del 14 de agosto de 2024, la sentencia estableció que Acosta debía aclarar que “no tenía información, ni soporte alguno, que diera certeza y validez a su afirmación sobre la presunta participación de la gobernadora Dilian Francisca Toro en las amenazas que ha recibido a través de redes sociales”.

Precedente jurídico y alcance del fallo

La decisión de la Corte Constitucional fue calificada como histórica por la representación legal de la gobernadora, ya que establece criterios para distinguir entre control político legítimo y hostigamiento. El proceso también involucró al congresista Duvalier Sánchez, aunque en las sentencias de primera y segunda instancia se determinó que las publicaciones formaban parte del debate político y no vulneraban los derechos fundamentales de la funcionaria. No obstante, la decisión final de la Corte se centró en los hechos y mensajes atribuidos específicamente al diputado Acosta.

Postura del diputado Jonhy Acosta

Tras la solicitud de incidente de desacato, Jonhy Acosta publicó un video en sus redes sociales en el que rechazó las afirmaciones de la gobernadora. En su mensaje, el diputado aseguró que la decisión de la Corte Constitucional representó una derrota para Dilian Francisca Toro, señalando que la tutela presentada por la mandataria buscaba silenciarlo y obligarlo a rectificar más de ciento treinta publicaciones.

Acosta enfatizó que el fallo solo le exigió aclarar dos publicaciones y remarcó que la Corte no encontró violencia de género en su ejercicio de oposición.

El diputado también acusó a la gobernadora de intentar “vender como victoria” lo que él considera una derrota judicial, y advirtió a periodistas y ciudadanos que, según su criterio, la sentencia T-520 de 2025 no respalda las afirmaciones difundidas por el equipo de la mandataria.

Acosta insistió en que su labor de control político continuará y aseguró que acudirá a la justicia para frenar lo que considera una campaña de desinformación en su contra.