Nueva medida del Gobierno hará que los colombianos paguen $16 billones y se encarezca el crédito de vivienda y el estudiantil

La declaratoria de emergencia económica y social en Colombia, establecida mediante el Decreto 1390 el 22 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Hacienda, generó una fuerte controversia entre el Gobierno y los principales gremios empresariales del país. El Ejecutivo justificó la medida por la imposibilidad de atender compromisos fundamentales del Estado luego de que el Congreso de la República rechazó dos proyectos clave de financiación, por un valor total de $12 billones para 2025 y $16,3 billones para 2026.

De acuerdo con la norma, establecida para una vigencia de 30 días, el Gobierno sostuvo que el país atraviesa una “incapacidad material y jurídica” que impide cumplir de manera continua y suficiente obligaciones esenciales, entre ellas la salud y los subsidios, situación agravada por la caída de ingresos ante la no aprobación de los proyectos de financiación. El documento advierte sobre un déficit que pone en riesgo derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos, presentando la coyuntura fiscal como un hecho excepcional que hace necesaria la adopción de medidas extraordinarias.

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Como respuesta, los gremios rechazaron de manera unánime la excepcionalidad fiscal decretada, por lo que cuestionaron la legalidad, la constitucionalidad y la eficacia de las acciones propuestas para enfrentar el déficit. Según el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, la deuda del Estado se incrementó de manera significativa en los últimos años ante el gasto desmesurado.

“En agosto del año 2022, el total de la deuda del Estado era $804 billones; en marzo del 2024 era de $887 billones, había crecido, pero en una cifra apenas del 10%. En octubre de este año, el dato ya va por $1.180 billones. Un crecimiento del 46%”, precisó el dirigente empresarial. Recalcó que los recursos previstos por la emergencia “serían apenas una fracción de los $23 billones que fueron colocados recientemente en los mercados privados de deuda sobre los cuales hay tantas preguntas”.

Además, señaló de manera tajante que “el regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos serán $16 billones de impuestos, los que el Congreso no aprobó por múltiples causas”. Y agregó que “ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de emergencia Económica son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla. En cambio, son sobradamente violatorias de la Constitución”.

Rechazo gremial y cuestionamientos al decreto

El rechazo de los gremios empresariales es generalizado y contundente. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, calificó la medida como “a todas luces inconstitucional”. Señaló que “ninguna de las justificaciones expresadas se convierte en un hecho excepcional o sobreviniente, que es la base fundamental de la declaratoria de cualquier emergencia”.

Precisó que “el hecho que el Gobierno no pudiera aprobar el proyecto de reforma tributaria en el Congreso no quiere decir que puede sustituir al Legislativo por el mandato de un decreto de emergencia económica”, por lo que enfatizó que los estados de excepción “no pueden convertirse en un mecanismo para sustituir al Congreso ni para imponer reformas económicas o fiscales sin debate democrático”.

Cabal reiteró que las restricciones al endeudamiento o el costo del crédito no constituyen una calamidad pública, sino que resultan del deterioro fiscal y de decisiones de política económica previas.

Impactos previstos en sectores clave y alternativas

Mientras que el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, manifestó profunda preocupación por el impacto para el sector financiero del país. “Asobancaria manifiesta su desacuerdo y profunda preocupación por el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno nacional, toda vez que carece de fundamentos tanto jurídicos como técnicos”, dijo el dirigente.

Advirtió que la decisión conlleva una “sobre-sobretasa que coloca el impuesto de renta en el 50%, la mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado, volviendo a Colombia, junto a Islas Comoras, el país del mundo con la menor competitividad tributaria para el negocio financiero”.

Malagón explicó que habrá consecuencias sobre la solicitud de créditos de vivienda, la financiación empresarial y estudiantil, y señaló que el endurecimiento tributario desincentivaría la inversión privada. “Para el crédito en general en Colombia existe un desestímulo y una restricción. El país necesita más inversión, más crecimiento, y medidas de este tipo terminan, en últimas, desplazando el sector privado en favor del sector público, comprometiendo el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana”.

Legalidad y constitucionalidad de la emergencia económica

Las críticas legales también alcanzaron alto nivel institucional. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, aseguró que “el decreto 1390 del 2025 no es procedente, no cumple el artículo 215 de la Constitución y pretende llamar emergencia a problemas estructurales y previsibles, no a un hecho sobreviniente y extraordinario”.

Lacouture detalló que los argumentos del Gobierno sostienen la urgencia en temas que no cumplen las condiciones de excepcionalidad, como son obligaciones acumuladas en salud y subsidios, o una ley de financiación negada. “Una derrota en el Congreso no es una emergencia, es democracia”, sentenció. Asimismo, hizo un llamado a la Corte Constitucional a “activar un control preventivo y estricto sobre el decreto 1390 del 2025”, en defensa del Estado de derecho y de los contribuyentes.

Fenalco también alertó a la Corte para que evalúe con celeridad la constitucionalidad de la medida y defienda el equilibrio de poderes ante un Ejecutivo que, según el gremio, busca evadir el debate democrático.

Generación de incertidumbre

Por su parte, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que lidera Guillermo Herrera, considera que la situación fiscal del país, pese a ser retadora, “no obedece a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas”.

El dirigente resaltó que “la emergencia económica no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios de discusión y decisión fiscal. Colombia cuenta con herramientas legales suficientes para enfrentar sus desafíos sin recurrir a figuras excepcionales que afectan la confianza y la seguridad jurídica”.

Camacol afirmó que la declaratoria genera incertidumbre y puede desalentar la inversión y la planeación de proyectos de vivienda e infraestructura, así como poner en riesgo el aporte al empleo formal y al crecimiento económico. Para la entidad, el país dispone de mecanismos ordinarios —como la reprogramación o el recorte del gasto— que pueden implementarse sin recurrir a estados de excepción que, en su opinión, solo generan incertidumbre en la confianza empresarial.