Durante la tarde del domingo 21 de diciembre de 2025, una multitud integrada por cerca de 200 personas secuestró a 18 militares pertenecientes a la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, en medio de una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ocurrida en la zona rural de Carmen de Atrato, municipio ubicado en el departamento del Chocó.
El incidente involucró a dos suboficiales y dieciséis soldados, quienes fueron conducidos bajo presión hacia un resguardo indígena, lo que detuvo la misión constitucional asignada a ese contingente militar.
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Según informó la propia Décima Quinta Brigada, los hechos ocurrieron en el marco de maniobras que buscaban neutralizar la actividad de grupos armados ilegales en una región marcada por la reiterada presencia del ELN.
La unidad castrense quedó rodeada y fue interceptada por un numeroso grupo, que trasladó por la fuerza a los militares, tal como denunció la autoridad militar en un comunicado.
El Ejército Nacional expresó pleno rechazo a este tipo de acciones, describiendo como inadmisible cualquier evento que ponga en riesgo la libertad personal, la seguridad y la integridad de los uniformados.
“Toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones legítimas del Estado merece el total repudio”, señaló el comunicado oficial.
El mismo comunicado solicitó a las autoridades competentes, organizaciones de derechos humanos y representantes comunitarios, que se adopten medidas para asegurar la integridad y liberación de los retenidos, señalando: “Se privilegie el diálogo y el respeto por la institucionalidad”.
Pronunciamiento de los políticos: “Son enemigos históricos de nuestra fuerza pública”
El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó en su cuenta de X que “Cepeda, al igual que Petro, son enemigos históricos de nuestra fuerza pública, vienen de las entrañas de la guerrilla”.
A su juicio, las decisiones del actual gobierno han debilitado a las instituciones armadas y mermado la moral de sus integrantes.
Subrayó que en el pasado se vivieron momentos donde “los héroes de La Patria estaban a merced de los terroristas, secuestrados, asesinados, vilipendiados” e hizo énfasis en que, durante un posible gobierno propio, las acciones se centrarán en “enfrentar y atacar al terrorismo con toda la fuerza que nos dan las armas del Estado, amparadas en la Constitución y la ley”.
El exministro Luis Carlos Reyes se refirió a la necesidad de fortalecer el aparato estatal en la lucha contra las economías ilícitas, planteando que no se debe mantener una postura pasiva.
Reyes apuntó que “debemos golpear el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando donde les duele a los mafiosos, que es atacando sus activos (¡No protegiéndolos!)”.
Abogó por el refuerzo de la Infantería de Marina, mayor control de corredores estratégicos y la recuperación de la inteligencia estatal.
Por su parte, el exministro y también precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón sostuvo que “un gobierno que no permite que sus soldados y policías se defiendan, es un Estado que renuncia a proteger a sus ciudadanos”.
Pinzón advirtió sobre la gravedad de permitir secuestros de miembros de la fuerza pública y aseguró que dará directrices para garantizar “el derecho a defenderse para defender a Colombia”.
Sergio Fajardo lamentó que sucesos como estos ocurran mientras las familias celebran las festividades decembrinas, afirmando que el país recibe “noticias desgarradoras”.
Fajardo enfatizó que la fuerza pública ha sido vulnerada y atribuyó la situación a un clima de desorden institucional: “No hay disculpa que valga”. El aspirante presidencial expresó solidaridad con las familias de los afectados y las comunidades impactadas.
Por su parte, el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez señaló la contradicción entre las acciones de los responsables y los anuncios emitidos por grupos armados.
Henríquez cuestionó que “18 militares secuestrados en el Chocó mientras combatían al ELN, los mismos terroristas que esta mañana anunciaron un cese de hostilidades”.
El senador también puso en duda los compromisos de paz del gobierno actual.
Por último, Luis Gilberto Murillo calificó el hecho como inadmisible y expresó su pesar: “Lo ocurrido en Chocó es inaceptable”.
El exministro, oriundo de esa región, manifestó que el secuestro de soldados no tiene excusa y exigió “respuestas firmes del Estado y la liberación inmediata” de los uniformados.
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