El abogado David Cote presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, en la que alega que los colombianos están pagando $3.249 pesos de más por cada galón de gasolina debido a lo que denominó “una maniobra fiscal oculta” del Gobierno nacional.
En la denuncia, Cote afirmó que, aunque la paridad con los precios internacionales de referencia se alcanzó en octubre de 2023, el Gobierno “continuó subiendo el precio artificialmente” y ha venido extrayendo recursos de los consumidores para financiar el déficit del diésel.
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“Hoy, cada vez que un bogotano tanquea, está pagando un sobreprecio aproximado de $3.249 pesos por galón por encima del precio de referencia del Golfo de México”, sostuvo el denunciante y abogado.
Según consta en el documento, el Gobierno ha recaudado $3.8 billones de pesos “del bolsillo de los conductores de gasolina para subsidiar el déficit del diésel, vulnerando el orden económico”.
Cote advirtió que esta práctica constituye un “saqueo silencioso” en contra de la clase media y trabajadora del país.
Así habría cometido la irregularidad que denuncia el abogado
El jurista aseguró en la denuncia que ambos ministerios habrían operado bajo una estrategia que denominó “subsidio cruzado”.
“Le metieron la mano al bolsillo al que camella para tapar sus huecos fiscales”, de manera que, argumentó, el Gobierno “rompió su propia regla” al no permitir que el precio fluctuara únicamente según la referencia internacional, sino que, en cambio, aplicó la figura.
En términos generales, un subsidio cruzado es una estrategia empresarial donde los recursos obtenidos por la venta de un producto o servicio se destinan a cubrir los costos o las pérdidas de otro dentro de la misma compañía.
Por medio de esta táctica, una empresa puede reducir el precio de algunos productos al equilibrar el ingreso a través de precios más altos en otros.
En Colombia, esta figura opera, por ejemplo, en el caso de la estratificación socioeconómica, en la que los estrattos más altos, 5 y 6, pagan más, para poder financiar el consumo de los estratos 1, 2 y 3.
Pero en cuanto a la denuncia, lo que dice el abogado es que, en sus palabras, “Le cobran de más a los usuarios de gasolina corriente para financiar el hueco que tienen con el Acpm”.
Cote calificó como injusta la política tarifaria. Dijo: “No es un error de cálculo, es una injusticia deliberada. Nos dijeron que subían la gasolina para igualarnos con el precio internacional, pero siguieron de largo. Hoy, ese sobrecosto le ha valido a los consumidores más de $3.8 billones de pesos. Están asfixiando al mensajero, al taxista y a la familia para cuadrar una caja que ellos mismos desordenaron”.
Una falta de planeación en los aumentos de precio
La denuncia también resaltó una supuesta falta de planeación administrativa, al señalar que el Ministerio aplicó los aumentos antes de realizar estudios técnicos de impacto. El abogado enfatizó: “Primero disparan el precio y luego miran a quién hirieron. Eso es improvisación, y la está pagando la gente”.
El recurso judicial exige la revocatoria inmediata de las alzas que no corresponden al precio internacional de referencia y solicita al Tribunal que se ordene regular la tarifa acorde a la realidad del mercado global, “deteniendo el perjuicio inmediato al consumidor”, de acuerdo con la demanda presentada por David Cote.
Así fue el último incremento del combustible en Colombia
La Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía confirmaron el 23 de octubre de 2025 el aumento en los precios de la gasolina y el Acpm-diésel en todo el país, una medida que comenzó a regir a partir del 24 de octubre de 2025 y afectó a los consumidores en las trece principales ciudades, según la resolución 40488 y la Circular 209 de 2025.
El ajuste, que representó un alza de 100 pesos por galón, colocó el precio promedio de referencia de la gasolina en 15.968 y el del Acpm-diésel en 10.785 pesos por galón.
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