El Consejo Superior Universitario (CSU) y el rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia, Andrés Felipe Mora Cortés, enfrentan denuncias penales y disciplinarias por posibles irregularidades en la designación de las máximas autoridades de la institución.
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó documentos ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General en relación con decisiones tomadas por el Consejo Superior Universitario el 24 de noviembre de 2025, según conoció le medio Cambio.
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La controversia institucional tiene su punto de partida en el proceso de elección rectoral iniciado en diciembre de 2023. El 21 de marzo de 2024, el CSU eligió a José Ismael Peña Reyes como rector para el periodo 2024–2027, según lo consignado en el Acta 05.
Aunque la elección fue impugnada, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025.
El tribunal ratificó que la designación de Peña permanecía válida y vinculante: “permanecía plenamente válido y eficaz”.
En paralelo, el CSU designó el 6 de junio de 2024 como rector encargado a Leopoldo Alberto Múnera Ruiz. Esa decisión fue también demandada y finalmente anulada el 20 de noviembre de 2025.
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El fallo, de acuerdo con el Consejo de Estado, declaró la nulidad del nombramiento con efectos retroactivos porque “el Consejo Superior actuó sin competencia” y el proceso rectoral se daba por finalizado desde marzo.
Cuatro días después del último fallo, el consejo universitario sesionó de manera extraordinaria. La reunión abordó la renuncia de Múnera, presentada a pesar de que su nombramiento ya no tenía validez legal.
En la sesión, según se indica en las denuncias, algunos consejeros recibieron advertencias sobre la falta de efectos jurídicos de esa renuncia, pero la votaron y declararon formalmente la vacancia del cargo de rector.
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El escrito presentado ante Fiscalía y Procuraduría sostiene que esa declaración de vacancia permitió justificar la designación del nuevo rector encargado.
En ese mismo encuentro, el CSU propuso únicamente a Andrés Felipe Mora Cortés, entonces vicerrector general, y lo designó rector encargado mediante la Resolución 132 de 2025. Las denuncias describen la vacancia como una figura “artificial” y fundamentada “a partir de la aceptación de una renuncia jurídicamente inexistente”.
Respecto a Mora Cortés, la denuncia sostiene, según Cambio, que aceptó el encargo “sin que existiera causa legal válida ni competencia por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) para efectuar dicha designación”. Añade que estos hechos podrían configurar los delitos de usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial, por ocupar el puesto mientras el acto administrativo que designó a Peña permanecía sin modificación judicial.
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La queja disciplinaria dirigida a la Procuraduría apunta en la misma dirección. Allí se expone que Mora incurrió en “presunta extralimitación de funciones, desacato de decisiones judiciales y ejercicio ilegítimo del cargo de rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia”.
El documento subraya que, por ser alto directivo, debía conocer y respetar las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado.
Las denuncias involucran directamente a varios miembros del CSU, por los hechos ocurridos en la sesión del 24 de noviembre.
El texto radicado ante la Fiscalía sostiene que los consejeros actuaron “con pleno conocimiento de causa y en abierta contradicción con decisiones judiciales ejecutoriadas” al aceptar la renuncia y avanzar en la nueva designación rectoral. Solicitan que se investigue una posible comisión de fraude a resolución judicial, usurpación de funciones públicas y prevaricato por acción.
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Junto a estas denuncias, la Red de Veedurías presentó un derecho de petición dirigido al rector encargado. Allí solicita información específica sobre la contratación celebrada por la Universidad Nacional desde junio de 2024.
El documento enfatiza que “todo contrato estatal y sus documentos asociados son públicos” y advierte que no publicar esa información podría acarrear responsabilidad disciplinaria. Al momento no se conoce públicamente el motivo preciso de esa solicitud.
La Fiscalía y la Procuraduría deberán avanzar en la revisión de los hechos y determinar si las actuaciones de los involucrados configuran responsabilidades penales o disciplinarias.
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