El Ministerio del Interior solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar una ruta de protección integral para el viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, Gabriel Rondón, y para la defensora de derechos humanos Viviana Vargas Ávila, tras recibir amenazas atribuidas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.
La cartera enfatizó que ejercer liderazgos sociales y defender los derechos humanos en Colombia no debe implicar un riesgo para la vida, y pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para identificar a los responsables.
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“El viceministro de Diálogo Social y DD.HH., @GabrielRondonO, denunció que él y una contratista de la dirección de Derechos Humanos fueron amenazados por el grupo criminal de Iván Mordisco. El Ministerio del Interior no se doblegará ante las amenazas de los grupos criminales y se solidariza con las personas afectadas", dice un mensaje publicado en la cuenta oficial de la cartera del Interior en X.
En el comunicado oficial, el Ministerio del Interior expresó su solidaridad con los funcionarios afectados y sus familias, e instó a la Policía Nacional y a las autoridades territoriales a implementar acciones urgentes y coordinadas para salvaguardar la vida e integridad de los amenazados.
El viceministro Gabriel Rondón, en un video difundido por la cuenta oficial del Ministerio en X, declaró: “El Ministerio del Interior rechaza rotundamente las amenazas en contra de la compañera Viviana Vargas y en contra mía. El Gobierno nacional no le tiene miedo a las amenazas".
Y agregó: “Seguiremos trabajando desde la institucionalidad para darle mejores garantías a las personas en territorio. Estos no son grupos guerrilleros, son grupos de narcoterroristas, paramilitares, que lo que quieren es tener sometida a la gente. Seguiremos trabajando con el amor a la vida, con el amor a la institucionalidad y con amor a un país”, concluyó el viceministro Rondón.
Las amenazas se conocieron después de un bombardeo realizado el 10 de noviembre en Calamar, Guaviare, contra las disidencias, en el que murieron siete menores reclutados.
Días más tarde, el 18 de noviembre, alias Iván Mordisco reapareció en un video en el que lanzó una ofensiva contra el Gobierno de Gustavo Petro y justificó la continuidad de su organización armada.
El presidente Petro, el 11 de diciembre, se refirió al caso en su cuenta de X, afirmando: “Alias Iván Mordisco decidió iniciar juicio ‘revolucionario’ contra Viviana Vargas y contra mí. He decidido respaldar el proceso por genocidio contra comunidades indígenas contra Iván Mordisco y presentarlo a la Corte Penal Internacional”.
El Ministerio del Interior reiteró que: “Esta cartera del Gobierno nacional insiste en que ejercer liderazgos sociales y defender los derechos humanos en Colombia no puede significar un riesgo para la vida. De igual forma, respalda y reconoce la importancia de la labor e incidencia de los liderazgos sociales y personas defensoras de DD. HH. para la construcción de paz, la participación ciudadana, la protección de las comunidades y sus territorios, y el fortalecimiento del tejido social”.
“El MinInterior se solidariza con el viceministro y la defensora de derechos humanos y sus familias. Además, insta a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional y a las autoridades territoriales competentes a adelantar las investigaciones correspondientes, y activar una ruta de protección integral para sus familias. Así mismo, insta a las autoridades a implementar acciones urgentes y coordinadas para salvaguardar sus vidas e integridad personal”, dice el comunicado del Ministerio del Interior.
La entidad rechazó de manera enfática las amenazas y aseguró que continuará trabajando desde la institucionalidad para garantizar mejores condiciones a las personas en los territorios, especialmente en regiones como Guaviare, donde la presencia de grupos armados ilegales ha generado graves afectaciones.
“Finalmente, el Ministerio del Interior reafirma su compromiso para continuar aunando esfuerzos interinstitucionales y adoptar las acciones necesarias de prevención y protección, que garanticen entornos seguros a quienes dedican su vida a luchar por los derechos de todas y todos los colombianos”, se concluye en la misiva.
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