Tres personas fueron condenadas tras comprobarse su participación en una red que contactaba mujeres en Medellín con falsas ofertas laborales y las trasladaba a Grecia para su explotación sexual. Los sentenciados firmaron preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación antes de que los jueces especializados dictaran la sentencia.
Según la investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los acusados seleccionaban a las jóvenes en diferentes sectores de Medellín y las convencían con promesas de empleo seguro y remuneración diaria de €100 ($447.000 aproximadamente). También decían que les aseguraban alojamiento, alimentación y apoyo económico durante su estadía en Atenas (Grecia).
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“Las pruebas obtenidas muestran que, al llegar a Grecia, las víctimas fueron despojadas de sus pasaportes y pertenencias. Les notificaron deudas entre 1.300 y 3.200 euros, las cuales debían cancelar mediante actividades sexuales”, indicó la Fiscalía en su comunicado. Además, las mujeres enfrentaron violencia psicológica y física y se mantuvieron incomunicadas con sus familias durante todo el tiempo que permanecieron en el extranjero.
Explotación sexual en Grecia: modus operandi
Cabe destacar que, los captadores de estas redes se acercaban a mujeres en distintos sectores de Medellín y les ofrecían supuestos empleos en el extranjero, generalmente como meseras en bares; con la promesa de tener casi que todo pago generaba confianza en las víctimas y facilitaba que aceptaran viajar. Una vez que las jóvenes llegaban a Grecia, los responsables les retiraban los pasaportes y pertenencias, dejándolas sin posibilidad de regresar o comunicarse con sus familias.
La red incrementaba la supuesta deuda de las víctimas mediante cobros por transporte, alojamiento y otros gastos ficticios que debían “pagar” trabajando en actividades sexuales. Las víctimas enfrentaban jornadas extenuantes sin descanso, violencia psicológica y física, y presión constante para saldar la deuda, lo que mantenía su sometimiento y aseguraba que la red obtuviera ganancias mientras las mujeres permanecían incomunicadas y vulnerables.
Según los registros de estos casos, no solo en este hecho específico, las redes generan temor en las víctimas mediante amenazas a sus familias. Logran someterlas hasta el punto de que piensan que, si acuden a las autoridades, nadie las creerá. Además, si las mujeres se enferman o sufren daños por los tratos que reciben, cualquier atención médica se suma a la supuesta deuda; de esta manera, cada gasto o acción que realizan se convierte en un aumento de la deuda, transformándola en algo prácticamente imposible de pagar, con el fin de retenerlas y mantenerlas bajo control.
Sentencias y penas para los responsables
En cuanto a las penas, Juan David Ceballos Madrid fue condenado a seis años y siete meses de prisión por los delitos de trata de personas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Paola Andrea Acevedo García recibió la misma pena de seis años y siete meses por trata de personas, mientras que Evelin Andrea Gómez Ramírez deberá cumplir tres años y dos meses de prisión por el mismo delito. La Fiscalía destacó que estas sentencias buscan reconocer el daño causado a las víctimas y enviar un mensaje contundente frente a este tipo de delitos.
“El hallazgo de las pruebas permitió establecer que los acusados engañaban a las jóvenes con trabajos que en apariencia eran legales, pero que ocultaban un esquema de explotación organizado y sistemático”, agregó la entidad judicial. La operación de la red mostraba un patrón de captación, traslado y control de las víctimas, con el objetivo de lucrarse mediante la explotación sexual.
Con la condena, las autoridades buscan desarticular las estructuras que se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres y garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes. La investigación demostró cómo la red operaba desde la ciudad hasta el extranjero, evidenciando la magnitud del delito y la planificación detrás de cada acción.
“La justicia ha actuado para proteger los derechos de las víctimas y enviar un mensaje claro a quienes pretenden lucrarse con la trata de personas”, concluyó la Fiscalía.
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