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Traslado del subsidio de transporte al Fondo de Estabilización: la apuesta por una tarifa cero en TransMilenio que impactaría el salario

La discusión sobre el destino de los recursos para el transporte público y los subsidios enfrenta posturas opuestas en el Concejo, con propuestas para modificar la financiación y reclamos por el impacto en la economía ciudadana

Ciudadanos pueden consultar su elegibilidad para pasajes gratuitos ingresando al módulo de la Secretaría de Integración Social - crédito Integración Social
El debate sobre el Presupuesto Distrital 2026 en Bogotá enfrenta propuestas para transformar el subsidio de transporte público y su impacto en el salario mínimo - crédito Integración Social
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El debate sobre el Presupuesto Distrital 2026 en Bogotá ha traído propuestas y controversias que podrían transformar el futuro del transporte público en la ciudad, y que sobre todo impactaría en el salario mínimo de la ´persona de a pie’.

Durante la discusión, el concejal Fernando López Gutiérrez presentó una iniciativa destinada a modificar la forma en que se financian los subsidios de transporte para miles de trabajadores. López plantea que, en vez de entregar el subsidio directamente a los empleados, las empresas lo transfieran de forma íntegra al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), una medida que, según explicó ante el Concejo, impactaría de manera positiva en la sostenibilidad del sistema y permitiría avanzar hacia una tarifa cero para los usuarios.

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López, que ha defendido esta propuesta en sesiones anteriores, afirmó: "Si las empresas no entregan el subsidio de transporte a sus colaboradores, sino directamente al FET, avanzamos hacia una tarifa cero. Las empresas seguirán pagando el transporte de sus empleados y la tarifa tendería a disminuir hasta llegar a cero, el sistema gana sostenibilidad y la tarifa puede disminuir progresivamente".

Con esta fórmula, argumentó que se reduciría la evasión, se protegerían los recursos públicos y el acceso al transporte sería más equitativo, todo sin generar una carga adicional sobre quienes usan diariamente el sistema de TransMilenio y el Sitp.

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El concejal Fernando López propone que las empresas transfieran el subsidio de transporte directamente al Fondo de Estabilización Tarifaria para avanzar hacia una tarifa cero - crédito TransMilenio

El cabildante también evaluó el servicio de la deuda proyectado por la administración para 2026, equivalente al 6,36% del presupuesto, considerándolo una cifra razonable dada la dinámica y el tamaño de la economía capitalina. “Endeudarse no es un problema; endeudarse mal sí. Bogotá necesita soluciones estructurales que fortalezcan el presupuesto y modernicen el transporte, y la propuesta del subsidio directo al FET es una herramienta clave para lograrlo”, concluyó López en el recinto.

En contraste con estas propuestas, el aumento del pasaje del transporte público para 2026 se ha convertido en eje de críticas, especialmente por parte de la concejal Heidy Sánchez Barreto, que denunció que la reciente aprobación del presupuesto en la Comisión de Hacienda del Concejo avala un alza que recaerá sobre los usuarios.

Según Sánchez, está previsto que el pasaje de TransMilenio y el Sitp pase de 3.200 pesos en 2025 a 3.450 pesos en 2026, lo que representa un incremento del 7,8%, superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), situado en 4,52% como referente para ese periodo.

La concejal Heidy Sánchez critica el aumento del pasaje de TransMilenio y Sitp para 2026, que subirá un 7,8%, superando el IPC - crédito Transmilenio
La concejal Heidy Sánchez critica el aumento del pasaje de TransMilenio y Sitp para 2026, que subirá un 7,8%, superando el IPC - crédito Transmilenio

La concejal sostuvo que su bancada insistió en la congelación de la tarifa, proponiendo que la diferencia de $98.622 millones se obtuviera recortando parte de las ganancias proyectadas de los concesionarios privados, estimadas en al menos $257.740 millones para 2026. Sin embargo, el Presupuesto de 2026 asigna al FET una cifra de 3,2 billones de pesos, cifra que, según los estudios de TransMilenio, hace ineludible el alza de $250 en el pasaje.

“Ni Transmilenio ni el Concejo determinan el alza del pasaje. TransMilenio hace el estudio, el Concejo aprueba el presupuesto del FET y el alcalde decreta el alza del pasaje”, explicó Sánchez Barreto, aludiendo al proceso regulatorio. No obstante, señaló que la aprobación del FET propuesto por la Administración habilita el incremento y, en la práctica, la medida afecta directamente a los ciudadanos sin comprometer las utilidades de los operadores privados.

Asimismo, Sánchez enumeró a los concejales que respaldaron la aprobación del FET con el monto solicitado por la Alcaldía, entre ellos Ricardo Correa, Clara Sandoval, Cristina Calderón, Leandro Castellanos, Daria Cepeda, Marco Acosta, Juan David Quintero, Julián Espinosa, Ezmel Rojas y Edward Arias. En su pronunciamiento, enfatizó que la ciudadanía enfrenta una mayor carga económica mientras los concesionarios privados mantienen intactos sus márgenes de ganancia.

La inversión para este ciclo supera los 14.700 millones de pesos, con recursos distribuidos según el perfil de los beneficiarios - crédito Secretaría de Integración Social
Sánchez propone congelar la tarifa y recortar las ganancias de los concesionarios privados, pero el presupuesto asigna 3,2 billones de pesos al FET - crédito Secretaría de Integración Social

En rechazo a la orientación del presupuesto, Sánchez Barreto afirmó: “Presentamos ponencia negativa y votamos NO al Presupuesto 2026 porque la Administración de Carlos Fernando Galán insiste en un modelo que golpea a los hogares populares: propone un aumento del pasaje de $250, muy por encima del IPC, mientras traslada 3,2 billones del FET y mantiene utilidades para los concesionarios del Sitp por más de $257.000 millones. La ciudadanía paga más, los privados no pierden nada”.

La concejal denunció asimismo recortes en áreas sensibles del gasto social, como una reducción del 9,4% en las transferencias monetarias de Integración Social, ajustes a los programas de inclusión y alimentación y una menor inversión en infraestructura escolar en el sector Educación, junto a la promoción de esquemas de Asociaciones Público Privadas (APP) para la construcción de colegios.

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