Gustavo Petro comparte los cargos del CNE por sobretopes en su campaña presidencial: “Podrá ver lo arbitrario de la decisión”

Gustavo Petro ha rechazado de manera enfática los cargos presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sancionan su campaña presidencial por supuesta violación de topes de gasto.

El presidente sostiene que la decisión es arbitraria, responde a una persecución política y se fundamenta en interpretaciones inéditas de la ley electoral. En una declaración por medio de su cuenta oficial de X, Petro desglosó cada uno de los señalamientos y expuso su defensa punto por punto.

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“Para quienes quieran investigarme, aquí dejo un resumen de los cargos que nos hizo el CNE por sobretopes y la realidad. Podrá ver lo arbitrario de la decisión y yo diría la actitud delictiva de persecución política”, afirmó Petro al iniciar su exposición.

El primer cargo abordado por el presidente se refiere a la donación de $500 millones realizada por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Petro explicó: “La Resolución del CNE dice que los 500 millones que donó Fecode se usaron en la campaña presidencial. Pero es falso. FecodeE donó fue al partido Colombia Humana, no a la campaña, y la campaña rechazó ese dinero porque la ley prohíbe donaciones de personas jurídicas. El partido sí recibió la plata de forma legal y la reportó a las autoridades, y solo la usó para su deber de vigilar las elecciones, no para hacer propaganda ni promover al candidato. Por eso el CNE está confundiendo malintencionadamente las cuentas del partido con las de la campaña (sic)”.

En cuanto al préstamo de $500 millones otorgado por el Polo Democrático, Petro argumentó que se trató de una medida temporal ante las dificultades para acceder a financiamiento bancario.

“Ante las trabas de los bancos para prestar el financiamiento, se decidió pedirle un préstamo temporal de $500 millones al partido Polo Democrático. Ese préstamo quedó respaldado con un pagaré y un contrato de préstamo (mutuo). Cuando el banco por fin desembolsó el dinero, se le pagó todo al Polo, antes de la primera vuelta. Por eso, no fue un ingreso extra para la campaña, sino solo un crédito momentáneo para que la campaña no se quedara sin recursos mientras llegaba el préstamo bancario”, detalló.

Sobre la acusación de omisión en el reporte de pagos a testigos electorales por $931 millones, el presidente sostuvo: “El CNE acusa que no se reportaron 931 millones pagados a testigos electorales, pero los testigos electorales no son un gasto de campaña, sino parte del derecho de los partidos y ciudadanos a vigilar las elecciones, y la ley no dice si deben ser voluntarios o pagos. Además, nunca antes, ningún partido o campaña ha tenido que reportar el valor de los testigos como gasto o donación, y sería la primera vez que el CNE exige esto. Hay un trato desigual y una persecución política exclusivamente contra el presidente Petro, al querer contar esos testigos como gasto de campaña solo en su caso y no a otras campañas de ese día o las elecciones subsiguientes”.

Respecto a la factura electrónica de Caracol Televisión por $356 millones, Petro señaló que se trató de un error administrativo ajeno a la campaña: “Caracol (el medio de comunicación) cometió un error y facturó dos veces las mismas cuñas de televisión: una vez como si fueran de primera vuelta y otra como de segunda vuelta. En realidad, esas cuñas solo se pagaron en segunda vuelta, pero la factura de primera vuelta nunca se anuló. Por eso ahora parecen ser dos facturas distintas, cuando en verdad corresponden a la misma pauta publicitaria”.

En relación con el reporte de gastos de la campaña al Senado por $202 millones, el mandatario defendió la separación estricta de los presupuestos: “Son dos campañas separadas, intentar unirlas para perjudicar la campaña presidencial no es técnico, ni jurídico, ni se ha aplicado a ninguna otra campaña presidencial”.

Sobre los gastos atribuidos a la Unión Sindical Obrera (USO) por $121 millones, Petro enfatizó la responsabilidad exclusiva del gerente nacional de campaña en la autorización de recursos: “El 2 de abril de 2022 se dijo por escrito que la única persona autorizada para gastar plata de la campaña de Petro era el Gerente Nacional de Campaña. Nadie más”.

Eso quiere decir que cualquier gasto, contrato o donación que no pasara por ese gerente y por los canales oficiales no es responsabilidad de la campaña. En el caso de la USO, el representante legal contó en medios que esos gastos o autorizaciones no se consultaron al candidato, la campaña o el gerente.

“Ni siquiera se sabe si todos esos gastos realmente se hicieron. Por eso, ni el candidato ni el gerente podían saber de esos movimientos, porque fueron por fuera de la campaña. Además, si se aceptara que cualquiera puede pagar cosas ‘a nombre de la campaña’, entonces cualquiera, incluso alguien con mala intención, podría hacer pagos para hacerle daño. En resumen: La campaña dice que no puede hacerse responsable de movimientos de plata que nunca autorizó ni conoció, y que fueron hechos por fuera de los canales oficiales”, afirmó Gustavo Petro en su explicación.

Petro también cuestionó la inclusión de otros gastos que, según su interpretación, no corresponden a actividades de campaña presidencial: “El CNE armó la supuesta ‘violación de topes’ contando como gastos de campaña cosas que no lo son: la donación de Fecode fue al partido (Colombia Humana) y se usó para vigilancia electoral, no para publicidad ni propaganda del candidato; el préstamo del Polo fue solo un crédito temporal, que se pidió para no frenar la campaña y se pagó en la misma época, no es plata extra; los testigos electorales son parte del derecho de los partidos a vigilar las elecciones, y nunca antes en ninguna campaña se había obligado a contarlos como gasto o donación en especie; la factura de Caracol tiene un error de doble facturación por las mismas pautas, no son gastos distintos; también se meten como ‘gastos de campaña’ cosas que no lo son, como seguridad del candidato, protección del voto, intereses bancarios o gastos de otras organizaciones”.

Al concluir su defensa, el presidente reiteró que, si se aplicara la ley de la misma manera que en otras campañas, no se habría superado el tope de gastos. Petro insistió en que la sanción responde a motivaciones políticas y no a criterios técnicos o jurídicos, y la consideró una muestra de persecución judicial en su contra.