Abogada asesinada buscaba recuperar lujosas haciendas de ‘Tánatos’, capo extraditado con nexos con el cartel de Sinaloa

El impacto del asesinato de la abogada penalista Luisa Fernanda Ramírez Bejarano en Jamundí, Valle del Cauca, reveló la existencia de un complejo entramado de bienes incautados y litigios de alto valor económico relacionados con Jesús Hugo Berdugo Chaves, conocido como alias Tánatos, un narcotraficante de gran peso extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con el cartel de Sinaloa.

El viernes 21 de noviembre, la jurista fue víctima de un ataque armado perpetrado por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta. Mientras conducía su camioneta, recibió varios disparos y el vehículo terminó colisionando contra la fachada de una vivienda situada en el barrio El Rosario.

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Este episodio impulsó una nueva línea de investigación centrada en el proceso de extinción de dominio que afecta a uno de los capos más influyentes del narcotráfico en Colombia.

Según informó la Policía Metropolitana de Cali, entre los clientes de Ramírez Bejarano figuraba alias Tánatos, capturado en enero de 2020 por agentes de la Dijín y la DEA.

El caso de Ramírez Bejarano no solo conmocionó a la comunidad jurídica, sino que puso en evidencia la magnitud de los intereses en juego en torno a los bienes incautados a alias Tánatos.

La relación entre la abogada y los litigios millonarios vinculados a estos activos cobró relevancia en el desarrollo de las pesquisas, que ahora buscan esclarecer si su labor profesional tuvo alguna incidencia en el móvil del crimen.

La extradición de Berdugo Chaves a Estados Unidos, motivada por sus conexiones con el cartel de Sinaloa, había generado ya un entorno de alta tensión en los procesos judiciales relacionados con sus propiedades.

En ese momento, las autoridades lo identificaron como el cabecilla de la organización criminal Ícaro, responsable de movilizar cerca de veinte toneladas de cocaína anuales mediante camiones con caletas, semisumergibles y lanchas rápidas hacia México y Estados Unidos.

De acuerdo con El Tiempo, la fortuna de Berdugo Chaves se extendía por cuatro departamentos y estaba compuesta por 276 bienes valorados en más de 40.000 millones de pesos.

La abogada desempeñó un papel central en la defensa de los intereses de “Tánatos” y de allegados a sus socios, buscando la recuperación de dos lujosas narcohaciendas: La Joya y El Diamante, ubicadas en los municipios de Patía y Santander de Quilichao, en el Cauca.

Estos predios, dotados de sistema de vigilancia privada, caballerizas, piscina, cancha de fútbol y una amplia casona, funcionaban como centros de reunión de los líderes de la organización criminal y estaban situados en una estratégica zona cocalera junto a un río utilizado para el transporte de droga.

Un investigador explicó a El Tiempo: “Además de ser centro de reuniones de los jefes de la organización, por sus lujos, está ubicada en una amplia zona cocalera, al lado de un río por donde mueven la droga”.

En Putumayo, alias Tánatos había adquirido al menos seis predios colindantes, conformando una extensa hacienda dedicada a la ganadería extensiva.

La última actuación judicial de Ramírez Bejarano quedó registrada en enero de 2024, cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali negó la sentencia anticipada solicitada por sus clientes, que pretendían entregar voluntariamente algunos de los bienes incautados y recuperar otros.

El trabajo de la abogada no se limitaba a la defensa de Berdugo Chaves. Según documentos en poder de El Tiempo, también representaba a familiares de Milton Rubiel Pinchao, alias Kabili, y de Edier Apraez Hoyos, alias Conta, considerados socios de Tánatos.

Los allegados a estos capos, presuntos testaferros, tenían a su nombre propiedades que sumaban más de 14.000 millones de pesos. Entre los activos figuraban dos casas de lujo en el sur de Cali, valoradas en 2.600 millones de pesos, nueve lotes en Puerto Asís (Putumayo), dos lotes con casa en Popayán, una empresa denominada Super E & CIA S.A.S —dedicada a actividades inmobiliarias y a la distribución mayorista de bebidas y tabaco—, cuya representante legal es Yoreli Alarcón Riascos, esposa de alias Conta, y un vehículo Mercedes Benz Sprinter.

El proceso de extinción de dominio que rodea a alias Tánatos se inscribe en una ofensiva más amplia de las autoridades colombianas contra las economías ilícitas. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron, en noviembre de 2023, varios operativos que afectaron los patrimonios de varios extraditados, incluyendo a Berdugo Chaves.

Según la Dijín, “se lograron resultados contundentes en contra de la criminalidad con la materialización de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de 263 bienes muebles e inmuebles, que pertenecían a dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico transnacional de estupefacientes”.

El golpe principal se concretó en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Cundinamarca, donde las autoridades ocuparon propiedades avaluadas en más de 60.000 millones de pesos.

Los inmuebles incautados formaban parte del patrimonio de Berdugo Chaves, que, tras haber integrado el Bloque 30 de las extintas Farc y someterse a la JEP, continuó delinquiendo, lo que motivó su extradición a Estados Unidos. Actualmente, cumple condena en territorio estadounidense por narcotráfico y es señalado como líder de una organización armada.

En el mismo operativo, también se incautaron bienes de Segis Oswaldo Linares Niño, otro extraditado señalado como cabecilla de una red internacional de narcotráfico. En su caso, las autoridades confiscaron más de doscientas propiedades valoradas en más de 10.000 millones de pesos, adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico.

La muerte de Ramírez Bejarano dejó al descubierto la magnitud de los intereses en juego y la complejidad de los litigios por la recuperación de bienes vinculados a estructuras criminales de alcance transnacional.