El Tribunal Superior de Bogotá designó a la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero como juez de control de garantías en el trámite que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez, por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La asignación se produjo mediante reparto, luego de que la fiscal delegada María Cristina Patiño radicara la solicitud de audiencia de imputación y de medida de aseguramiento en centro carcelario.
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La Fiscalía indicó que “el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la Ungrd acaba de radicar, ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco”. Ambos exfuncionarios han manifestado públicamente que se declararán inocentes y que acudirán ante los jueces para responder por los señalamientos.
Asignación del caso y etapa procesal
La radicación del requerimiento penal fue realizada el miércoles 26 de noviembre en atención al fuero legal que cobija a los exministros, quienes deben comparecer ante el Tribunal Superior de Bogotá como juez de control de garantías. Tras la revisión inicial, el tribunal sometió el expediente a reparto y la diligencia quedó asignada al despacho de la magistrada Rosero Baquero, integrante de la Sala Penal.
Por ahora, no se conoce la fecha ni la hora en que el tribunal fijará las audiencias de imputación y solicitud de aseguramiento. De acuerdo con los tiempos del calendario judicial, estas podrían trasladarse al inicio del próximo año, debido al periodo vacacional de la Rama Judicial. Hasta el momento, la información oficial señala que falta por definir la programación exacta de la diligencia.
Los cargos que la Fiscalía imputará son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según el expediente, la investigación se concentra en reuniones realizadas durante 2023, en las que se habrían acordado beneficios contractuales a congresistas a cambio del impulso de cupos indicativos en las comisiones económicas del Congreso.
Quién es la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero
Aura Alexandra Rosero Baquero fue designada como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mediante el Acuerdo 2473 de 2024 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que la nombró en provisionalidad a partir de diciembre de 2024, en reemplazo de José Joaquín Urbano Martínez. Desde entonces, ha asumido funciones en calidad de magistrada encargada en asuntos penales de alto impacto.
Ha formado parte del panel de magistrados, junto con Leonel Rogeles Moreno y Ramiro Riaño Riaño, que ha tenido a su cargo decisiones en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese escenario, participó en la negación de una acción de tutela presentada por la defensa del exmandatario y en el estudio de una apelación relacionada con la condena por fraude procesal y soborno en actuación penal.
De acuerdo con los datos de consulta judicial, el despacho de Rosero Baquero tramita procesos de delitos contra la administración pública, entre ellos investigaciones de tráfico de influencias de servidor público, y actualmente tiene bajo su control el expediente mediante el cual la Fiscalía solicitará medida privativa de la libertad para los exministros Bonilla y Velasco.
Con el avance de esta imputación, ya son seis los altos exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro llamados a responder ante la justicia por presunta participación en el caso Ungrd. La imputación contra Bonilla había sido anunciada públicamente desde hace más de un año por la Fiscalía, mientras que la de Velasco surgió después de una diligencia de arraigo realizada recientemente para recoger información básica de identidad y residencia.
El expediente señala que, presuntamente, en las reuniones de 2023 se plantearon acuerdos para direccionar contratación con el propósito de obtener apoyo en el trámite de cupos indicativos en las comisiones económicas del Congreso. La Fiscalía sostiene que esta hipótesis será sustentada en la audiencia que lleve a cabo el Tribunal Superior de Bogotá, bajo la dirección de la magistrada designada.
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