La reciente aprobación de la Resolución 40559 por parte del Ministerio de Minas y Energía marcó un giro decisivo en la modernización de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia.
Con esta medida, el país se convierte en el primero de Latinoamérica en adoptar un estándar unificado para toda su red de carga pública, incorporando protocolos internacionales que buscan eliminar la fragmentación actual del sistema y mejorar la experiencia de los usuarios.
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El anuncio tuvo un eco inmediato desde la Casa de Nariño: el presidente Gustavo Petro aseguró que, con esta norma en marcha, “toda concesión de carreteras ya debería estar buscando la manera de colocar estaciones de carga para vehículos eléctricos”.
La resolución establece que todas las estaciones de carga públicas deberán migrar del estándar norteamericano —que funciona con conectores Tipo 1 y CCS1— hacia los conectores Tipo 2 y CCS2, predominantes en Europa y Asia.
Este cambio elimina una de las principales barreras que enfrentaban los conductores: llegar a un cargador y descubrir que no era compatible con su vehículo.
De acuerdo con la normativa, los operadores tendrán un plazo de dieciocho meses para realizar la transición.
El Gobierno sostiene que esta medida no solo permitirá mayor interoperabilidad, sino que facilitará la entrada de más fabricantes internacionales al mercado colombiano.
La interoperabilidad, sin embargo, no se limita únicamente al hardware. La resolución obliga a que todos los operadores adopten el protocolo Ocpi (Open Charge Point Interface), ampliamente utilizado en países pioneros de la electromovilidad como Noruega, Países Bajos y Alemania.
Este sistema permitirá que los usuarios encuentren en una sola aplicación información consolidada sobre disponibilidad, precios en tiempo real y estado operativo de todos los cargadores del país, independientemente del operador.
El objetivo es eliminar la multiplicidad de aplicaciones, las inconsistencias en la facturación y los vacíos de información que hoy generan desplazamientos fallidos a estaciones fuera de servicio.
La Resolución 40559 también establece que todas las estaciones deberán reportar información en tiempo real —actualizada cada 60 segundos— sobre ubicación, potencia disponible, tipo de cargador, estado operativo, precio por kWh y energía entregada.
La intención es garantizar una transparencia total, corregir la falta de datos que hoy afecta la planeación de rutas y aumentar la confianza de los usuarios, quienes frecuentemente se encuentran con cargadores marcados como disponibles pero que están dañados u ocupados.
En paralelo, la normativa introduce un cambio económico significativo: los operadores de carga podrán comprar energía directamente en el mercado no regulado.
Esta habilitación les permitirá negociar mejores tarifas y desarrollar modelos comerciales más competitivos, lo que podría traducirse en una reducción de costos operativos y, eventualmente, en precios más accesibles para los consumidores.
El Gobierno sostiene que esta apertura incentivará la inversión privada y dinamizará el crecimiento de nuevas redes de carga en corredores estratégicos.
La administración de la plataforma nacional que consolidará toda la información quedará en manos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), que asumirá el rol de “cerebro” del sistema.
La entidad será responsable de almacenar los datos, ofrecer mapas públicos, habilitar APIs para desarrolladores y garantizar la integridad de la información. Para los operadores, esto implica inversiones en sistemas informáticos, adecuación de infraestructura y conexión obligatoria a la plataforma unificada.
El contexto en el que se implementa esta regulación refleja un crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica. Un informe del Bbva señala que hasta octubre de 2025 uno de cada tres vehículos nuevos vendidos en Colombia fue híbrido o eléctrico, con 67.700 unidades comercializadas en lo que va del año.
Esto representa un aumento del 177% frente a 2023 y del 78% respecto a 2024. Pese al auge, la fragmentación de la red de carga —con conectores incompatibles y aplicaciones que no se comunicaban entre sí— se había convertido en un obstáculo crítico.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, celebró la medida asegurando que Colombia se convierte en “pionera en Latinoamérica” al adoptar estándares internacionales de interoperabilidad. Según Palma, esta normativa permitirá una infraestructura “moderna, segura y totalmente interoperable” que acelerará la transición hacia un transporte más limpio.
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