Una de las problemáticas que más acompleja a Colombia tiene que ver con la inseguridad. La ciudadanía enfrenta amenazas y todo tipo de crímenes cometidos por criminales, entre ellos, grupos armados organizados con los que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha tratado de negociar la paz. En este contexto, la seguridad constituye un eje central de la discusión pública y política, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Los aspirantes al cargo más importante del país ya empezaron sus campañas, en las que han estado dando a conocer sus propuestas para resolver las graves problemáticas del territorio Nacional. En materia de seguridad, varios políticos de la oposición han asegurado querer endurecer el control sobre la criminalidad, tomando serias medidas contra los delincuentes y actores armados.
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La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín, que se debate la escogencia de un candidato único del partido Centro Democrático, centra su iniciativa de seguridad en esa postura. De acuerdo con un comunicado de prensa de la congresista de derecha, opositora al Gobierno Petro, a su juicio, la seguridad debe ser entendida como un bien público y un derecho humano, y no como una bandera partidista.
“El país necesita una política de Estado que restablezca el control territorial y salvaguarde los derechos fundamentales de la población”, precisó la congresista, previo a un encuentro que tuvo con integrantes de la fuerza pública.
En esa línea, entre sus propuestas destacan el fortalecimiento de la fuerza pública –algo que le ha sido fuertemente cuestionado al Gobierno actual–, la modernización de la justicia colombiana, la recuperación de la inteligencia estratégica, el combate a las rentas ilícitas, como el narcotráfico, y la atención a amenazas como el cibercrimen y la desinformación.
Holguín indicó que el debate no debe centrarse en la dicotomía entre “mano dura” o “mano blanda”; el foco, desde su perspectiva, debe estar en la presencia o ausencia del Estado en los diferentes territorios del país, teniendo en cuenta que algunos municipios han sufrido un histórico abandono estatal, algo que los grupos armados han sabido aprovechar para su beneficio.
“Cuando el orden se debilita, los violentos llenan el vacío y el ciudadano común paga el precio. Por eso, el debate que viene no es entre ‘mano dura’ o ‘mano blanda’, es entre Estado presente o Estado ausente; entre futuro o miedo. Porque sin seguridad no hay libertad, sin justicia no hay progreso y sin Estado no hay país”, aclaró la precandidata presidencial.
Un panorama de inseguridad complejo: ataques y secuestros
De acuerdo con datos revelados por el Ministerio de Defensa, citados en la comunicación de la congresista, entre enero y mayo de 2025, los ataques contra la fuerza pública presentaron un incremento del 288% con respecto a la Policía Nacional y del 88% con respecto a las Fuerzas Militares. Además, los secuestros extorsivos aumentaron un 98%, mientras que los actos de terrorismo subieron un 9%.
Estos datos se ven agravados por el diagnóstico de la Defensoría del Pueblo, que estima que las estructuras criminales tienen presencia en el 70% del territorio Nacional y que el acceso a una justicia verdadera es limitado, puesto que la impunidad supera el 97%.
Aunado a ello, la percepción de inseguridad se refleja en los resultados de la encuesta de Invamer, en la que se indica que el 36% de los colombianos identifica la inseguridad como el principal problema del país, superando a la economía y la política.
En ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, más de la mitad de la población considera que el Estado ha perdido el control del espacio público. Esta situación ha generado consecuencias directas en la vida de los ciudadanos: comerciantes obligados a pagar extorsiones para operar, familias rurales desplazadas por amenazas y jóvenes que optan por emigrar en busca de entornos más seguros.
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