Las secuelas físicas y emocionales sufridas por 55 mujeres dejaron al descubierto una presunta red dedicada a la realización de procedimientos estéticos irregulares en diferentes zonas de Medellín.
De acuerdo con información presentada por la Fiscalía Seccional Medellín, varias de estas víctimas desarrollaron deformidades físicas permanentes y limitaciones funcionales tras someterse a tratamientos identificados como ‘lipólisis láser con transferencia glútea’, una intervención ofrecida por redes sociales a precios bajos.
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Entre los hallazgos recogidos en la investigación, la autoridad identificó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón como las presuntas cabezas de la red.
De acuerdo con la Fiscalía, Mosquera Aguirre asumía el rol de cirujana: “Se presentaba como médica sin tener título, conocimientos o certificaciones en el área de la salud”, detalló la entidad en el proceso judicial.
Las pruebas recabadas indican que realizaba intervenciones invasivas en quirófanos improvisados que no cumplían con requisitos de higiene y salubridad demandados por la ley.
Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón desempeñaba tareas cruciales para la operación: “Asumía todos los asuntos comerciales, captaba clientes y recibía los pagos por los tratamientos en su cuenta bancaria”, según expuso la Fiscalía.
Esta dinámica comercial se apoyaba en publicaciones digitales, donde las mujeres eran atraídas con la promesa de conseguir resultados estéticos a bajo costo.
El resultado para muchas de las personas intervenidas fue el contagio de una “bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes”, estableció la investigación judicial.
Esta situación motivó la imputación de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas en contra de ambas mujeres.
En la audiencia correspondiente, Elizabeth Rojas Tobón aceptó los cargos presentados por la Fiscalía, mientras que Yarleny Mosquera Aguirre admitió haber incurrido en estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas.
A partir de la determinación de la jueza de control de garantías, ambas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario: “Se emitió orden de captura en su contra”, manifestó la autoridad judicial.
La Fiscalía notificó que no se trata de un hecho aislado. En relación con estas actividades, otras tres personas han sido judicializadas recientemente por su participación directa en los procedimientos: fueron responsables, según la acusación, de tareas asociadas a funciones auxiliares en quirófano, administración de medicamentos, anestesia local y masajes posquirúrgicos.
Tres mujeres fueron enviadas a la cárcel por realizar cirugías estéticas ilegales en Medellín
Desde abril de 2023, los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera en Medellín se convirtieron en el escenario de una red de procedimientos estéticos irregulares gestionada por el grupo denominado “Arte en tu Cuerpo”.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta operación funcionaba en domicilios particulares transformados en supuestos quirófanos, donde las condiciones sanitarias brillaban por su ausencia y los materiales eran frecuentemente reutilizados.
La investigación recolectada por el CTI detalló que Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo no poseían ningún título profesional ni formación en medicina, a pesar de que llevaban a cabo tareas como aplicar anestesia, administrar medicamentos y realizar masajes postoperatorios.
“Las tres mujeres no contaban con títulos profesionales ni conocimientos médicos para ejecutar cirugías o tratamientos invasivos”, precisó la Fiscalía.
A través de redes sociales, las acusadas ofrecían un procedimiento promocionado como “lipólisis láser con transferencia glútea”, atrayendo a al menos cuarenta y ocho mujeres, no solo de Medellín sino también de otras ciudades e incluso del extranjero, incluida Venezuela y República Dominicana.
24 víctimas decidieron denunciar el alcance de los daños sufridos: “infecciones, deformidades y limitaciones funcionales” constituyeron parte de las afectaciones reportadas por quienes se sometieron a esas intervenciones.
Durante las cirugías, las condiciones de precariedad resultaron evidentes: las víctimas eran tratadas en habitaciones adaptadas con utensilios domésticos, y los procedimientos se realizaban con cánulas conectadas a aparatos de succión para extraer grasa.
En un testimonio gráfico del desorden operacional, la Fiscalía explicó que “en medio de los procedimientos, el personal recibía domicilios y dinero en efectivo mientras las pacientes permanecían con heridas abiertas”.
El informe judicial también advirtió que muchas de las afectadas, tras experimentar complicaciones o graves infecciones derivadas de micobacterias no tuberculosas, no obtuvieron respuesta ni atención de las acusadas. “Las víctimas no recibieron atención ni respuesta tras reportar complicaciones de salud”, lamentó el organismo de investigación.
Ahora, la Fiscalía General de la Nación ha judicializado oficialmente a las tres señaladas. Las autoridades insisten en reforzar la vigilancia sobre este tipo de actividades para evitar que prácticas improvisadas continúen poniendo en peligro la salud y la vida de más personas.
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