
La radicación del escrito de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco marca un nuevo capítulo en la investigación por el presunto desfalco millonario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía General de la Nación considera que existen pruebas suficientes para vincular a los exministros de Hacienda y del Interior en una trama de contratos y coimas dirigidos a congresistas, con el objetivo de asegurar apoyos legislativos para las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro.
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El proceso judicial avanza tras la presentación formal de la solicitud ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ahora debe analizar el pliego y decidir si convoca a Bonilla y Velasco a audiencia en las próximas horas. La Fiscalía solicitó que, de imponerse una medida de aseguramiento, esta sea privativa de la libertad en centro carcelario.
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En un comunicado oficial, el ente acusador precisó: “El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la UNGRD acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer (sic)”.

En reacción, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco sostuvo que entregará todo el material probatorio a las autoridades para demostrar su inocencia.
“Con respeto recibo la decisión de la Fiscalía. Fiscales y el país en general hasta ahora solo han escuchado las voces de aquellos que de manera delincuencial se apropiaron de recursos públicos y señalando a otros quieren obtener beneficios judiciales, en el proceso y ante los honorables magistrados del Tribunal de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia en su sala de primera instancia entregaré todo el material probatorio que desmontará todas las barbaridades y falsedades que de mí han dicho”.
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El exfuncionario también mencionó que se enfrentó a un proceso similar en el que fue declarado inocente, por lo que está preparado para, una vez más, dar la batalla.
“Hace 17 años enfrenté un terrible montaje y la Corte me dio la razón declarándome inocente, y la justicia condenó a los falsos testigos que en ese entonces se prestaron para acusarme, estoy listo de nuevo para dar la batalla”.
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Y agregó: “A los amigos y otros ciudadanos desconocidos que se expresan con solidaridad, mil gracias y a quienes en medio de la polarización se expresan agresivamente en mi contra, no contribuiré a la siembra de odios respondiendo con rencor, sino que con paciencia esperaré el debate judicial en la seguridad que saldré limpio de esta prueba”.
El presunto rol del Luis Fernando Velasco en el entramado de corrupción de la Ungrd

El alcance de la influencia de Luis Fernando Velasco en el Gobierno de Gustavo Petro quedó expuesto a partir de los testimonios recogidos por la Fiscalía General de la Nación, que lo señalan como una figura clave en la articulación política más allá de su gestión formal al frente del Ministerio del Interior, cargo que ocupó entre mayo de 2023 y junio de 2024.
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Las investigaciones apuntan a que Velasco habría operado como el principal “articulador político” del Ejecutivo, dirigiendo la asignación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) hacia congresistas estratégicos para consolidar apoyos legislativos.
El exdirector de la Ungrd Olmedo López, considerado el principal responsable del entramado de corrupción investigado, ofreció un testimonio ante el ente acusador en el que detalló el mecanismo de direccionamiento de contratos. López afirmó que Velasco le impartió instrucciones directas para que los contratos de la entidad se adjudicaran a congresistas dispuestos a respaldar la agenda legislativa del Gobierno.
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Según López, la asignación de estos recursos no respondía a criterios técnicos ni a necesidades objetivas, sino al compromiso político adquirido con el Ejecutivo. En su declaración, citó el caso del senador Julio Elías Chagüi, que habría recibido contratos sin justificación de urgencia o necesidad, únicamente por su apoyo al Gobierno.

El testimonio de López también reveló la existencia de negociaciones en torno a los llamados “cupos indicativos”, es decir, recursos asignados a proyectos impulsados por congresistas.
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De acuerdo con su declaración, Velasco habría prometido hasta $80.000.000.000 en contratos a cambio de respaldo en iniciativas políticas consideradas cruciales para el Gobierno, como la reforma a la salud, que finalmente no prosperó. Este tipo de acuerdos, según López, constituían una de las estrategias centrales para garantizar la “gobernabilidad” en el Congreso de la República.
La investigación también puso el foco en los supuestos acuerdos ilegales alcanzados en reuniones secretas conocidas como “cónclaves”. María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y beneficiaria de un principio de oportunidad con la Fiscalía, declaró que Velasco participó en uno de estos encuentros junto al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo.
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Benavides explicó que el objetivo de estas reuniones era negociar la aprobación de créditos internacionales fundamentales para la Nación, utilizando los contratos de la Ungrd como incentivo para obtener el apoyo político necesario.
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