El Ministerio de Salud presentó su posición frente a los reportes de cierres de servicios en distintos departamentos del país y explicó que estos movimientos corresponden, en gran medida, a decisiones tomadas por entidades privadas.
La cartera sostuvo que las clausuras “no obedecen a ninguna política gubernamental ni a una crisis estructural del sistema” y reiteró que varias instituciones han dejado de operar porque, según afirmó, “ya no les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo a la gente”.
El pronunciamiento se produjo luego de conocerse los datos divulgados por la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips), que registra el comportamiento del sector en el Registro Especial de Prestadores de Servicios.
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El Ministerio indicó que estos cierres se analizan junto a la evolución de la red habilitada, la cual, según sus cifras, continúa creciendo. De acuerdo con la entidad, a junio el país contaba con 158.901 servicios habilitados entre hospitales, centros de salud y consultorios.
Durante el primer semestre, agregó, se registraron 6.480 aperturas, tanto del sector público como del privado. Para la cartera, esta dinámica refleja que el sistema mantiene capacidad operativa en distintas regiones.
En contraste, Unips señaló que entre enero y junio se registraron 6.084 clausuras, una cifra que prácticamente iguala el número total de cierres reportados en 2024.
Según sus reportes, el mayor impacto se observa en servicios de baja y mediana complejidad, entre ellos medicina general, odontología, fisioterapia, psicología, nutrición y enfermería. La organización indicó que estos movimientos afectan de manera directa la disponibilidad de atenciones básicas en zonas urbanas y rurales.
El Ministerio explicó que más del 80 % de los cierres son temporales, clasificados como “ajustes técnicos, remodelaciones o trámites administrativos, el equivalente a una pausa por mejoras”.
La cartera también insistió en que parte de las decisiones corresponde a análisis internos relacionados con sostenibilidad y funcionamiento. En su comunicación oficial, reafirmó la frase “¡Porque la salud no se negocia, se defiende! Colombia tiene quien la cuide”, como mensaje institucional sobre su enfoque de cobertura.
Unips, por su parte, sostiene que las cifras deben interpretarse de acuerdo con la capacidad instalada previa y la evolución histórica del sector. La organización recordó que en 2024 se registraron 7.842 cierres frente a 5.075 aperturas, lo que dejó un saldo negativo que afectó con fuerza la disponibilidad de servicios básicos.
Según sus análisis, durante ese año cerraron definitivamente 380 Instituciones Prestadoras de Servicios y 1.831 sedes dejaron de operar. Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Santander fueron, de acuerdo con estos reportes, los departamentos con mayor reducción.
Los datos del primer semestre de 2025 muestran variaciones entre tipos de prestadores. Mientras se abrieron 6.480 servicios y se cerraron 6.084, generando un balance levemente positivo, la situación fue distinta en el comportamiento de IPS: se habilitaron 132 y se cerraron 332, lo que representa una reducción neta en este grupo. Sobre sedes de atención, se registraron 479 aperturas y 298 cierres durante el mismo periodo.
El Ministerio reiteró que los movimientos deben interpretarse como parte de una dinámica de ajustes sectoriales y no como una tendencia generalizada de disminución de la red. La entidad señaló que continúa haciendo seguimiento a la red habilitada a través de reportes periódicos del REPS y mantiene comunicación con autoridades regionales para monitorear la prestación en distintos niveles de complejidad.
Unips y otros actores del sector han planteado que los cierres, tanto temporales como definitivos, requieren análisis sobre continuidad del servicio, distribución territorial y acceso oportuno. Según sus observaciones, las variaciones en baja y mediana complejidad pueden afectar la estabilidad de los procesos de atención, especialmente en municipios donde la oferta es limitada.
La discusión continúa abierta entre la postura institucional del Gobierno, que atribuye las clausuras a decisiones privadas, y las organizaciones que examinan los registros del sistema y advierten sobre tendencias que deben revisarse con mayor detalle. Los reportes recientes muestran que el balance entre aperturas y cierres depende del tipo de servicio y del comportamiento regional, por lo que distintos actores anticipan nuevos análisis durante el próximo año para evaluar la evolución del sistema de salud en el país.
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