La Corte Constitucional apartó al magistrado Héctor Carvajal del debate sobre la reforma pensional, luego de que la Sala Plena aceptara una recusación por posible impedimento, según informó W Radio.
La decisión responde a una solicitud presentada por la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, quien argumentó conflicto de interés debido a la historia profesional de del magistrado Carvajal.
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Fuentes consultadas por el medio citado confirmaron que la discusión interna entre magistrados fue “difícil”, aunque finalmente la mayoría concluyó que Carvajal no podía continuar en el proceso.
El magistrado, anteriormente asesor jurídico de Colpensiones, había participado en la estructuración jurídica de la intervención de la entidad ante la Corte para defender la reforma pensional.
De acuerdo con lo conocido, Carvajal, como asesor, redactó una contestación donde manifestaba que no existían irregularidades en la aprobación de la propuesta, posición que habría evidenciado una defensa explícita del principal proyecto social del actual Gobierno.
La recusación se fundamentó en la “emisión de concepto previo y favorable sobre la reforma pensional”, motivo que, a juicio de la Sala Plena, resultó suficiente para apartarlo del debate.
Tras conocer la decisión, la Sala Plena procederá con el análisis de fondo de la reforma, tarea que ahora compete a los ocho magistrados restantes. Si en las nuevas deliberaciones se registra un empate, será necesario designar un conjuez para definir la posición institucional definitiva de la Corte Constitucional frente al tema.
El retiro de Héctor Carvajal, revelado en primicia por W Radio, reconfigura la dinámica del estudio sobre la viabilidad jurídica de la reforma pensional impulsada por el Ejecutivo.
El alto tribunal, con esta medida, busca garantizar la objetividad y la transparencia en torno al estudio de las normas que modificarían el sistema de retiro en Colombia, asunto de alto impacto para millones de trabajadores y pensionados en el país.
Fondos de pensiones pidieron a la Corte Constitucional una transición progresiva si se cae la reforma pensional: esto se sabe
El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos), Andrés Mauricio Velasco, presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para que el alto tribunal contemple la modulación de los efectos si declara inexequible la reforma pensional sancionada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La petición fue enviada directamente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien lidera la Sala y es el ponente de la acción promovida por la senadora Paloma Valencia.
En una comunicación de tres páginas, Velasco propuso a la Corte que, en caso de anular la ley, el retorno de los recursos pertenecientes a los afiliados trasladados de régimen por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 se realice de forma gradual.
El esquema sugerido contempla que esta devolución se ejecute a medida que los usuarios vayan cumpliendo los requisitos para adquirir el derecho a la prestación en Colpensiones, evitando movimientos abruptos y permitiendo una transición controlada.
Asofondos explicó a la Corte que modular los efectos de una decisión judicial puede ser pertinente si la aplicación inmediata del fallo implica mayores complicaciones constitucionales que la permanencia transitoria de la regulación.
Según la asociación, retornar automáticamente los recursos afectaría la estabilidad financiera del sistema pensional y podría poner en riesgo tanto la sostenibilidad como el funcionamiento de los fondos privados.
En el documento, Velasco alertó sobre los potenciales efectos de una transferencia inmediata de $25 billones desde fondos privados a Colpensiones, lo que podría generar un alivio fiscal temporal, pero a expensas del equilibrio del sistema y de las finanzas públicas.
Asofondos indicó que este flujo podría mitigar el déficit inmediato, pero comprometería los recursos a futuro, complicado la planeación presupuestal.
La asociación considera que modular el fallo permitiría al Estado ganar tiempo para definir un mecanismo técnico y jurídico ordenado para los traslados, resguardando los intereses de los afiliados y la viabilidad del mercado pensional en su conjunto.
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