La confrontación jurídica entre el presidente Gustavo Petro y Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud EPS, llegó a un punto decisivo luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara al jefe de Estado retractarse públicamente por las declaraciones que emitió en su contra.
La decisión, que revoca un fallo previo del Juzgado 24 Administrativo de Bogotá, concluye que el presidente vulneró los derechos fundamentales del exdirectivo, afectando su honra, buen nombre y presunción de inocencia.
Además de las excusas públicas, Petro deberá abstenerse de emitir nuevas manifestaciones que lo relacionen con hechos no probados.
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El origen del proceso se remonta al 15 de julio de 2025, cuando el presidente, en una alocución televisada, vinculó directamente a González Montaño con la presunta apropiación indebida de recursos de la salud, según Caracol Radio.
En esa intervención, Petro aseguró que “se robaron la plata de Coosalud que nace en Cartagena, que es una cooperativa de verdad… por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido”, y añadió señalamientos contra miembros de la junta directiva, entre ellos, familiares de los expresidentes Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos.
Posteriormente, en redes sociales, reforzó los cuestionamientos al calificar al exgerente como “bandido” y relacionarlo con una pérdida de más de doscientos mil millones de pesos.
El Tribunal fue enfático al ordenar que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, Petro presente excusas públicas y rectifique cada una de las manifestaciones señaladas en el expediente.
El mandato incluye la prohibición de emitir, por cualquier medio oficial o personal, mensajes que vinculen a González Montaño con hechos sin sustento judicial. La decisión se sustenta en que las afirmaciones presidenciales no estaban acompañadas de pruebas suficientes ni de una verificación mínima de los hechos, pese al impacto que puede generar una declaración del jefe de Estado.
El apoderado de González Montaño, Julián Quintana, celebró la decisión.
“Le ganamos a Gustavo Petro. La justicia lo obliga a retractarse por las mentiras contra el gerente de Coosalud. Usaron falsedades para destruir el sistema de salud y perseguir inocentes. Hoy queda demostrado: todo fue un montaje político”, declaró el abogado Quintana.
Según Quintana, el fallo reivindica los derechos fundamentales de su defendido, quien no ha sido vinculado formalmente a ninguna investigación penal por desvío de recursos.
El Tribunal subrayó que, a pesar de las auditorías realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, no existe una decisión judicial que determine responsabilidad alguna de González Montaño en actos de corrupción, de acuerdo con Semana.
La providencia señala: “El Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego tampoco presentó evidencias pertinentes como sustento de sus afirmaciones, ni acreditó haber agotado previamente, por lo menos, un mínimo de diligencia en la verificación de los hechos que informó a la opinión pública, no como apreciaciones, sino como supuestos fácticos verdaderos”.
La Sala concluyó que las declaraciones del mandatario carecieron de la carga de veracidad e imparcialidad exigida a un funcionario de su jerarquía.
Durante el proceso de revisión, el Tribunal identificó al menos once manifestaciones, entrevistas o publicaciones en redes sociales en las que Petro se refirió de manera directa al exgerente de Coosalud, todas ellas sin sustento probatorio suficiente.
Para cada una deberá emitir una rectificación específica. Quintana afirmó: “El juez constitucional dejó muy claro que el entonces gerente de la EPS no trasladó recursos públicos a paraísos fiscales, como tampoco se robó un solo peso de este dinero”.
En medio del debate, el presidente también se pronunció sobre la intervención de Coosalud EPS y los hallazgos de la Superintendencia de Salud. En una publicación del 3 de marzo, Petro señaló que 18 IPS habrían desviado recursos de Coosalud hacia el exterior a través de la empresa Vernum, y que la junta directiva estaba vinculada a figuras políticas tradicionales.
También defendió su decisión de reemplazar al superintendente Ulahí Beltrán y a los interventores, argumentando que los indicadores de las EPS intervenidas habían mejorado desde su nombramiento.
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