Colombia se inquieta por el gas: seis de cada diez personas temen que las importaciones se intensifiquen en el país en los próximos años

La discusión sobre el futuro energético del país no solo pasa por expertos o autoridades, también se refleja en cómo los colombianos evalúan la industria petrolera y las decisiones que marcarán los próximos años. La última medición del Barómetro Petrolero, realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), mostró un país que observa con atención, y en algunos casos con inquietud, los cambios que podrían darse en materia de gas y petróleo.

Uno de los resultados más llamativos tiene que ver con la percepción sobre las importaciones de gas. Aunque el tema suele parecer técnico, la ciudadanía lo incorporó a su preocupación cotidiana. De acuerdo con la encuesta, el 31% de los consultados está muy preocupado ante un eventual incremento de las importaciones en los próximos años; otro 28% manifestó estar preocupado. En conjunto, casi seis de cada diez personas expresan algún nivel de inquietud frente a este escenario. En contraste, solo un 14% dijo estar poco preocupado y un 8% afirmó no estarlo en absoluto, mientras que el 18% se ubicó en una posición neutral.

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La encuesta también se detiene en la imagen general del sector. A nivel nacional, la valoración sigue siendo mayoritariamente favorable, para el 80%, la industria petrolera es positiva para el país. Se trata de una percepción estable frente al año pasado, lo que revela un respaldo significativo pese a las tensiones alrededor del modelo energético y las discusiones sobre la transición.

Sin embargo, cuando la pregunta se enfoca en el impacto local, las cifras se mueven ligeramente. El 83% de los participantes considera que la actividad petrolera y gasífera es positiva para su municipio, una caída de cuatro puntos frente a 2024. Aunque la mayoría sigue viendo beneficios, la disminución sugiere una mayor sensibilidad a dinámicas territoriales como el empleo, el medioambiente o la relación con las empresas.

En cuanto al reconocimiento de regiones estratégicas, la encuesta confirma que ciertos departamentos continúan siendo percibidos como esenciales para la actividad del sector. El Casanare aparece como el territorio más relevante, con un 88%, seguido por Arauca (87%), Magdalena Medio (85%), Putumayo (82%), Meta (80%) y Tolima (79%). Son zonas donde la presencia de la industria ha marcado la economía local durante décadas.

Uno de los puntos que más contraste genera es la percepción frente al fracking. Aunque sigue predominando el rechazo, la oposición se redujo. A escala nacional, el 56% dijo no estar de acuerdo con que se realice esta técnica en Colombia, una cifra inferior al 70% registrado en 2024. Paralelamente, la aceptación subió del 18% al 28%, lo que indica un aumento de quienes ven el fracturamiento hidráulico como una opción posible.

Cuando la pregunta se localiza en los municipios, la tendencia se matiza, el 39% estaría de acuerdo con que esta práctica se implemente en su territorio para aumentar las reservas de gas, pero la mayoría, el 52%, sigue siendo contraria. En su ficha técnica, la encuesta aclaró que fue aplicada a personas mayores de 18 años en zonas urbanas de distintos municipios del país. El diseño estadístico dividió el universo en 12 estratos, siete correspondientes a territorios petroleros, Arauca petrolero, Casanare petrolero, Magdalena Medio petrolero, Meta petrolero, Putumayo petrolero, Tolima–Huila petrolero y Resto Colombia petrolero, y seis no petroleros, Arauca, Bogotá, Caribe, Centro, Oriente y Pacífico. Esta segmentación permite comparar percepciones entre regiones con dinámicas distintas frente a la industria.

Otro hallazgo relevante tiene que ver con la confianza institucional. La tendencia general es descendente. La Defensoría del Pueblo pasó de un 56% en 2024 a 49% en 2025; los gremios empresariales, de 56% a 47%; las empresas petroleras, de 48% a 46%; y el Ministerio de Minas y Energía, de 39% a 35%. En contraste, la única figura que subió fue la del presidente Gustavo Petro: su nivel de confianza aumentó del 34% al 42%.

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