Ley en Colombia resuelve la eterna disputa sobre el plazo real para pagar el arriendo

En Colombia, el arriendo continúa siendo una de las modalidades más utilizadas para acceder a vivienda, debido a que permite ocupar un inmueble mediante el pago de una cuota mensual acordada entre las partes.

La información divulgada por la Revista Semana explica que esta relación se formaliza a través de un contrato de arrendamiento que define el valor, la duración y las obligaciones que deben cumplir tanto el arrendador como el arrendatario.

Aunque muchos de estos contratos se suscriben por escrito, la normativa también reconoce acuerdos verbales, siempre que exista claridad sobre las condiciones esenciales pactadas.

Uno de los puntos que históricamente ha generado desacuerdos es el plazo para pagar el arriendo, pues no todos los contratos fijan la fecha con la misma precisión y algunas prácticas se han vuelto costumbre sin tener soporte legal.

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Esto ha llevado a que algunos propietarios exijan pagos bajo criterios personales y que muchos inquilinos desconozcan el margen real permitido por la ley. Para evitar interpretaciones erróneas y conflictos innecesarios, el régimen de arrendamiento establece criterios que orientan el cumplimiento de esta obligación mensual.

La Ley 820 de 2003, normativa que regula los arriendos de vivienda urbana en el país, define un marco jurídico que busca equilibrar las cargas entre ambas partes y establecer reglas claras sobre derechos y deberes. Aunque la norma no fija un único día oficial para realizar el pago, sí contempla que el contrato debe especificar la fecha exacta en la cual debe cumplirse esta obligación. Cuando el documento establece una fecha determinada, esta se convierte en el punto de partida para calcular cualquier plazo adicional, de modo que no pueda exigirse un pago anticipado ni desconocerse el margen pactado.

Según destacó Semana, es común que en los contratos se incluya un periodo de cinco días posteriores a la fecha de pago para que el arrendatario cumpla con la obligación sin que se considere mora. Esta práctica ha sido adoptada en diferentes ciudades del país y se ha convertido en un mecanismo para brindar un margen razonable a los inquilinos, especialmente cuando la fecha de pago coincide con días no hábiles o cuando los ciclos de pago laborales dificultan el cumplimiento exacto.

Aunque esta práctica es frecuente, los especialistas en arrendamientos recuerdan que el plazo definitivo siempre debe estar consignado en el contrato y que cualquier variación debe ser acordada por ambas partes. Si el documento estipula un margen mayor o menor, este será el que se debe aplicar, siempre que no contradiga las reglas generales del régimen de arriendos. De esta manera, tanto arrendadores como arrendatarios cuentan con un respaldo documental que evita discusiones posteriores sobre retrasos o pagos extemporáneos.

Para los arrendadores, la fijación del plazo de pago permite ordenar la administración de los inmuebles y garantizar que los recursos se reciban en el momento previsto. Para los inquilinos, contar con un plazo claro evita presiones indebidas y situaciones en las que se pretendan aplicar sanciones sin fundamento contractual. Semana recalcó que, en caso de que se presenten alteraciones, estas deben resolverse bajo el marco del contrato y de la Ley 820, que establece los mecanismos para conciliar discrepancias.

Otro aspecto relevante que aborda la norma es la prohibición de exigir depósitos de dinero como requisito para entregar un inmueble en arriendo. La práctica de solicitar sumas adicionales como garantía está expresamente prohibida, y su exigencia constituye una infracción que puede ser denunciada. Este punto se menciona de manera recurrente porque sigue siendo uno de los conflictos más habituales entre propietarios y arrendatarios, especialmente en contratos verbales donde no queda registro del acuerdo inicial.

La claridad sobre los plazos de pago contribuye a reducir los conflictos que suelen derivarse de la interpretación de prácticas informales o de acuerdos no escritos. Si el contrato señala la fecha específica y el periodo adicional, ese parámetro debe cumplirse sin excepción. De lo contrario, se incurre en incumplimiento, lo que puede generar intereses, reclamaciones o incluso procesos de restitución del inmueble.

La información presentada por Semana insiste en que, para evitar malentendidos, lo más adecuado es revisar detalladamente el contrato antes de firmarlo, consultar cualquier duda y solicitar que se incluyan de forma expresa las condiciones de pago, renovaciones, incrementos y obligaciones de ambas partes. Una lectura completa del documento evita sorpresas y ofrece un marco de referencia para actuar ante cualquier desacuerdo durante la vigencia del arrendamiento.