La Alcaldía de Tuluá anunció la adopción de medidas especiales de seguridad, orden público y movilidad que regirán desde el viernes 15 de noviembre a las 8:00 p. m., hasta el martes 21 de noviembre a las 7:00 a. m., como respuesta al reciente aval de la Corte Suprema de Justicia para la extradición de alias Pipe Tuluá.
Estas directrices surgieron tras un Consejo de Seguridad Ordinario que se desarrolló en conjunto con autoridades locales, informó un comunicado oficial de la alcaldía municipal.
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Entre las restricciones anunciadas figura la prohibición de venta de combustibles en envases como pimpinas, botellas o galones durante el período señalado. Además, queda restringida la venta de gasolina a motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente.
La circulación de vehículos de carga, así como el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos, también se encuentra prohibida durante estos días. Desde la administración municipal se aclaró que estas acciones buscan fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
El decreto contempla igualmente cierres viales nocturnos en puntos estratégicos de la ciudad.
Las restricciones aplican en el perímetro del Centro Administrativo Municipal (CAM), especialmente en las carreras 25 y 24 con calle 24, así como en los alrededores de la Estación de Policía y el CAI de Aguaclara.
Otros cierres se implementarán en las zonas próximas al Centro Penitenciario y la Transversal 12, ajustándose a los horarios definidos para facilitar los controles de seguridad.
Desde la Alcaldía de Tuluá se exhortó a la ciudadanía a permanecer informada a través de los canales oficiales y cumplir rigurosamente las disposiciones establecidas para asegurar un entorno más ordenado y seguro para todos.
La Corte Suprema dio aval a la extradición de alias Pipe Tuluá
La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias “Pipe Tuluá”, requerido por una corte federal en Texas, Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico.
Tras la decisión judicial, el líder de la organización criminal La Inmaculada instó a sus subordinados a evitar retaliaciones y cualquier acto que altere el orden público en Colombia.
“Sigo firme en la propuesta de buscar una salida política al conflicto y en mi postura de que no soy narcotraficante. Mi solicitud de extradición se basa en cargos que rechazo”, comunicó Marín Silva luego de conocerse el fallo, cuya formalización final queda ahora en manos del presidente Gustavo Petro, responsable de aprobar o rechazar la entrega tras la elaboración de la correspondiente resolución por parte del Ministerio de Justicia.
La Sala de Casación Penal fundamentó su concepto en pruebas aportadas por las autoridades estadounidenses, entre las cuales figuran declaraciones juradas y reportes de agentes encubiertos. Uno de estos, identificado como el agente Wenceslao Sosa, declaró que “Marín Silva actuaba como director ejecutivo de La Inmaculada, lo que incluía la implementación y el logro de los objetivos de la organización. Esto incluía el transporte y la distribución de cargas de varios kilogramos de cocaína”. Las investigaciones determinan que el grupo trasladaba droga de Colombia a Estados Unidos mediante rutas que incluían Panamá y México.
El organismo judicial aclaró que los eventuales roles de Marín Silva como gestor de paz o los acercamientos con el gobierno no constituyen inmunidad ni alteran los procedimientos de extradición, y descartó que el caso tenga trato especial previsto para exintegrantes de las Farc.
A pesar de estar preso desde 2015, las investigaciones constatan la capacidad de mando del próximo a extradición incluso desde establecimientos carcelarios. En 2022, la justicia lo condenó en Colombia a treinta años de prisión por homicidio, secuestro extorsivo agravado, extorsión, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, la Fiscalía le atribuye participación en cuarenta y seis homicidios, terrorismo, amenazas y porte ilícito de armas de uso privativo, y sobre él pesan órdenes de captura emitidas por Interpol.
El antecedente más reciente que vincula a “Pipe Tuluá” con episodios de violencia se registró el 4 de junio, cuando fue trasladado desde la cárcel La Picota a una estación policial en Bogotá para cumplir con exigencias logísticas relacionadas al proceso de extradición.
Ese mismo día se reportaron disturbios en Tuluá, incluyendo vehículos incendiados, ataques a mano armada y amenazas que llevaron a decretar toque de queda. Hechos similares ocurrieron durante las elecciones regionales de 2023, donde la organización habría estado involucrada en asesinatos de periodistas, candidatos y funcionarios, así como en crímenes contra personal del Inpec, todo ello con el fin de presionar negociaciones directas con el Estado.
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