El Ministerio de Defensa emitió un comunicado sobre la operación que se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2025 en Guaviare, que implicó el bombardeo de una facción de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. De acuerdo con la cartera, la acción militar fue exitosa, en la medida en que se logró la afectación de 26 integrantes de dicha organización. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo confirmó que varios menores de edad fallecieron en el ataque y Medicina Legal informó que recibió siete cuerpos correspondientes a las víctimas.
“Lamentamos profundamente que dentro de ellos, fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate”, precisó el ministro en la comunicación.
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Según explicó, la operación militar fue planeada y ejecutada “con riguroso apego al derecho internacional humanitario (DIH)”, y procurando el respeto por los derechos humanos y la legislación colombiana. Además, aclaró que se incorporaron todas las “precauciones factibles” con el fin de reducir riesgos de afectar a la población civil y a la población protegida. No obstante, el resultado fue otro.
Aunado a ello, explicó que se analizaron todos los “métodos, medios y capacidades disponibles” de la fuerza pública para poder neutralizar a la guerrilla, cuyo grupo que fue blanco del ataque está compuesto por más de 100 miembros fuertemente armados y con experiencia en combate.
En todo caso, según la cartera, pese a que se tuvieron en cuenta todos los escenarios, fue necesario recurrir al bombardeo, puesto que existía un alto riesgo de que integrantes del Ejército fueran atacados por las disidencias de Iván Mordisco.
“La decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal, se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados”, precisó la cartera.
En ese sentido, aseguró que la intervención “resultó necesaria” y “proporcionada” y su objetivo era proteger a la población y garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la fuerza pública. Aclaró que si esta decisión no se hubiera tomado, probablemente, el país estaría lamentando el asesinato de los militares.
El ministerio respaldó el desarrollo de la operación, a pesar de que en ella fallecieron siete adolescentes reclutados, indicando que los uniformados sienten el respaldo del Estado y la población “sabe” que recibe la protección de la institucionalidad, lo cual, según detalló, se evidencia en otros resultados que se obtuvieron con el ataque armado.
“La peligrosidad de esta estructura criminal y la magnitud de la amenaza neutralizada se evidencia en el abundante material de guerra incautado en el lugar de los hechos, que incluye: 6 ametralladoras, 24 fusiles, 3 morteros, cerca de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal y otro material de guerra”, expuso.
La operación tenía unos objetivos específicos: cabecillas con un largo historial criminal:
- Alias Pescado, que es el hombre de confianza de alias Iván Mordisco y cabecilla principal de la estructura criminal Martín Villa, que opera en Arauca, Meta, Guaviare y Vichada.
- Alias Jimmy Martínez, que es cabecilla principal de la estructura Primera. Es responsable de ataques con drones a la vivienda del alcalde de Calamar y de la desaparición y asesinato de ocho líderes religiosos.
“Las disidencias de alias ‘Mordisco’ financian su accionar mediante narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos mineros, secuestro y extorsión. Además, han recurrido sistemáticamente al reclutamiento forzado de menores, conducta considerada como un crimen de guerra y de lesa humanidad, imprescriptible y generadora de responsabilidad penal internacional”, añadió.
Así las cosas, indicó que los grupos armados son los que tienen la responsabilidad en este tipo de situaciones, debido a que exponen a los menores de edad a riesgos de hostilidades; los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate.
“El Ministerio de Defensa expresa su solidaridad a las familias de los menores fallecidos y reafirma su determinación de continuar actuando dentro de los límites del DIH y en respeto a los derechos humanos, con respeto absoluto por la vida, para proteger a la población de las amenazas que representan los grupos armados ilegales”, concluyó.
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