Juliana Guerrero reaviva la controversia tras no asistir a la cita por el presunto ‘cartel de títulos’

La esperada audiencia de conciliación entre Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior, y Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, concluyó sin acuerdo ni diálogo directo.

Guerrero no asistió a la cita programada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el viernes 14 de noviembre a las 8:30 a. m., después de solicitar un aplazamiento por una causa de fuerza mayor relacionada con su abogado.

El magistrado negó la solicitud, enfatizando que en este tipo de diligencias la presencia de las partes es fundamental y, en ocasiones, ni siquiera se requiere la asistencia de abogados.

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“Estamos a la espera de la decisión que va a tomar la Corte, porque además recuerden que nosotros ya hemos denunciado en Fiscalía a Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad en documento público, pero no solo ella, sino las personas que firman el título. Y hoy queremos que la investigación también se enfoque en el papel que tiene la Fundación Universitaria San José en el marco de estas denuncias”, declaró la representante.

Ante la inasistencia, la audiencia se dio por fallida y ahora la decisión sobre el futuro del proceso queda en manos de la Corte, mientras crecen las expectativas sobre las consecuencias legales y políticas de este caso.

La ausencia de Guerrero fue confirmada por Pedraza, quien explicó que la exasesora pidió postergar la audiencia, pero la petición fue rechazada. Pedraza subrayó que resta esperar la determinación de la Corte Suprema de Justicia sobre los pasos a seguir.

La representante recordó que ya se han presentado denuncias en la Fiscalía General contra Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad en documento público, así como contra directivos de la Fundación Universitaria San José.

Pedraza insistió en la importancia de que la investigación también se enfoque en el papel de la fundación en el marco de estas denuncias.

El trasfondo de este proceso judicial se remonta a los cuestionamientos sobre la autenticidad de los títulos académicos de Guerrero, presentados para su postulación al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

La controversia escaló cuando Guerrero denunció a Pedraza por delitos informáticos y calumnia, argumentando que los señalamientos de la congresista sobre sus credenciales afectaron su reputación.

En respuesta, Pedraza interpuso una denuncia ante la Fiscalía General no solo contra Guerrero, sino también contra directivos de la Fundación Universitaria San José, por presunto fraude procesal y falsedad en documento público.

Según la representante, los hallazgos en la fundación sugieren que Guerrero habría registrado títulos fraudulentos en su hoja de vida para acceder a cargos con presupuestos significativos.

Ambas partes han sostenido posturas firmes y contradictorias a lo largo del proceso. Guerrero ha manifestado que su interés actual es aclarar su situación académica y que no busca acceder a cargos estatales, distanciándose de las aspiraciones públicas que motivaron los cuestionamientos iniciales.

Pedraza, por su parte, insiste en la gravedad de las irregularidades detectadas y en la necesidad de que la investigación se extienda al papel de la Fundación Universitaria San José.

El caso ha tenido un impacto considerable en la opinión pública, alimentando dudas sobre la transparencia y la idoneidad en la administración pública.

La obtención de contratos de asesoría y seguimiento por parte de Guerrero con entidades como el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Universidad Industrial de Santander, pese a su juventud y la falta de experiencia y títulos profesionales comprobados, ha intensificado el debate sobre los procesos de selección y la contratación estatal.

Pedraza sostiene que la denuncia presentada por Guerrero terminó por exponer aún más las inconsistencias en su hoja de vida, mientras que Guerrero insiste en que su prioridad es resolver las dudas sobre sus títulos y rechaza cualquier intención de ocupar cargos en el Estado.