
El reciente fallo de un juez de Bogotá impuso seis años de prisión domiciliaria a Óscar Fernando Fetecua Rusinque, a quien se le señala de haber hecho amenazas al actual presidente Gustavo Petro durante su etapa como congresista.
La decisión, tomada en primera instancia por el juzgado 36 penal del circuito con función de conocimiento, implica que Fetecua Rusinque deberá cumplir con prisión domiciliaria.
Tras conocerse la determinación judicial, el mandatario Gustavo Petro expresó su postura a través de su cuenta oficial en X, resumiendo su perspectiva con un mensaje breve: “No quiso arrepentirse”.
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En su publicación, Gustavo Petro identificó a Óscar Fernando Fetecua como un abogado vinculado a posturas de extrema derecha y señaló que las amenazas provinieron a través de la red social.
El presidente remarcó también que, a diferencia de otros casos similares, Fetecua no mostró arrepentimiento ante la justicia y que esta actitud contrasta con la de otras personas investigadas por hechos parecidos.
“Óscar Fernando Fetecua es un abogado de extrema derecha que me amenazó de muerte por esta red. No quiso arrepentirse de su amenaza como sí ha sucedido con la mayoría de quienes he demandado judicialmente. Ahora ha sido condenado a cinco años de cárcel”, escribió el primer mandatario del país, por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

Las investigaciones realizadas determinaron que la Fiscalía General presentó cargos contra Fetecua Rusinque por haber remitido, en marzo de 2021, dos publicaciones en plataformas digitales dirigidas al entonces senador Gustavo Petro Urrego.
Durante la exposición de la sentencia, el juez resaltó la seriedad de los hechos evaluados, subrayando que los contenidos compartidos en esa ocasión comprometieron la seguridad personal de quien aspiraba a la Presidencia de la República en ese periodo.
En uno de los mensajes, Óscar Fetecua escribió: “Ya estoy alistando viaje o un arma por si aparece Petro, se le da de baja”. En otro, el ahora condenado comentó: “Si toma Petro el poder, aparecerán nuevamente las AUC y lo bajan del poder, como debe ser, muerto en bolsas negras”.

La decisión judicial incluyó una medida adicional que limitó la actividad del condenado: mientras dure la condena, le queda prohibido emplear sus cuentas en redes sociales.
Entre los fundamentos presentados, el juez señaló: “El despacho considera necesario imponer al procesado como pena accesoria también la prohibición de hacer uso de medios de comunicación como Twitter o X por el mismo término de la pena principal dado que dicho canal fue instrumentalizado para amenazar a un servidor público exteriorizando manifestaciones de odio que incitan a la violencia, siendo esta clase de conducta prohibida en la jurisprudencia constitucional, pues esta clase de amenazas de muerte cuya publicación y divulgación está prohibida expresamente por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos”.
El representante legal del presidente, Alejandro Carranza, en su momento remarcó la seriedad del caso, señalando que los mensajes no solo constituían una ofensa individual, sino que pretendían instalar un ambiente de temor alrededor del mandatario y su administración.

Carranza, quien también ejerce la defensa de Nicolás Petro —investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito—, manifestó en el proceso judicial que las acciones atribuidas a Fetecua superaban los límites de una manifestación violenta en redes sociales.
Pese a que la defensa del presidente solicitó que la pena fuera de noventa y seis meses, es decir, ocho años de reclusión en un establecimiento penitenciario, aludiendo a que el procesado mantuvo una postura temeraria y de riesgo, el juez determinó imponer seis años de arresto domiciliario. Esta decisión se basó en el hecho de que, aunque no hubo agresión física, los mensajes difundidos por Fetecua representaron una incitación grave a la violencia.
Con esta decisión, las autoridades dejan en claro que no se tolerarán amenazas anónimas realizadas a través de las redes sociales sin consecuencias legales .
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