Comisión de Acusaciones ordenó allanamiento al Consejo de Estado por denuncias de corrupción: de qué se trata

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes dispuso una inspección judicial en las oficinas de la Sección Quinta del Consejo de Estado, programada para las 4:00 p. m. del miércoles 12 de noviembre.

Esta diligencia, que contará con el acompañamiento de la Policía, la Dijín y el Cuerpo Técnico de Investigación adscrito a la comisión, responde a una serie de denuncias que involucran presuntos actos de corrupción en el alto tribunal.

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La decisión de realizar esta inspección surge por la investigación sobre la nulidad electoral del gobernador de San Andrés, Nicolás Iván Gallardo, que fue suspendido por el Consejo de Estado bajo la acusación de doble militancia.

La representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, ordenó la apertura formal de la investigación, que no solo abarca el caso de Gallardo, sino otros recursos presentados por mandatarios locales y regionales.

En el Acto de Sustanciación 002, la representante Arizabaleta dispuso: “Procede esta representante investigadora a ordenar la apertura de investigación previa y decretar la práctica de pruebas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 424 de la Ley 600 de 2000, en el presente asunto”.

Esta decisión implica la recolección formal de pruebas sobre los procesos en cuestión, en los que figuran como investigados los magistrados Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil.

Así mismo los funcionarios afectados por la decisión del Consejo de Estado solicitaron que se indaguen las actuaciones de los magistrados del Alto Tribunal, tras haber sido inhabilitados por situaciones similares.

En el caso específico de Nicolás Iván Gallardo, el Consejo de Estado determinó su suspensión al considerar que, pese a haber sido avalado por el Partido Liberal, habría apoyado a candidatos de otra colectividad para la asamblea departamental.

Esta decisión ha sido cuestionada por el propio Gallardo, que, en diálogo con Semana, expuso una serie de irregularidades detectadas desde el inicio del proceso.

El gobernador de San Andrés dijo: “Nosotros notamos desde la misma fijación del litigio unas inconsistencias, como también otras partes de reforma de la demanda, una doble reforma, la cual no debió tener lugar. La demanda sólo se podía reformar una única vez y, además, las supuestas pruebas con las que a nosotros nos hacen el juicio o la valoración no contaban con la cadena de custodia y había alteraciones y manipulaciones de estas”, dijo Gallardo.

Ante estas circunstancias, Gallardo indicó que su equipo jurídico se encargará de analizar las inconsistencias detectadas. El gobernador detalló: “Vamos a estar tomando todas las medidas que tengan del caso y, desde la aclaración, hacer caer en cuenta de una serie de situaciones. Vamos a seguir con todos los mecanismos posibles, vamos acudir a la tutela y, por esta connotación particular de nuestro departamento, de nuestra etnia y de lo que representamos, vamos a pedir unas medidas cautelares ante la Cidh, ya que se están vulnerando todos los derechos políticos de una comunidad que eligió de forma contundente, un territorio étnico que socialmente debe tener una diferenciación especial”.

El caso del gobernador de San Andrés ha sido especialmente señalado en el documento de apertura de investigación, en el que se exponen antecedentes que apuntan a un posible prevaricato por acción.

Según el texto, “De acuerdo con la denuncia formulada por el Comité Político Pacto Histórico San Andrés Islas en contra de los magistrados del Consejo de Estado, quien afirmó que se ha violado el debido proceso y se ha irrespetado la tutela como mecanismo expedito que debe resolverse en 10 días; además, que han permitido que terceros ajenos a la demanda interpongan el argumento del idioma creole como si se tratara de un proceso colectivo contra la comunidad raizal, cuando en realidad es un proceso individual. Todo lo anterior, relacionado con acciones legales y constitucionales donde actúa como parte o interviniente Nicolás Gallardo Vásquez, quien se desempeñó como gobernador del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

A esta denuncia se suma la presentada por el ciudadano Miguel Ángel Mora, que señaló: “Dentro del medio de control de nulidad electoral de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que cursó en la Sección Quinta del Consejo de Estado, se presentó presuntamente un acto procesal manifiestamente contrario a la ley, al admitir una reforma de la demanda fuera del momento procesal legalmente establecido”.

La Comisión de Acusaciones recibió, además, demandas de otros mandatarios que han sido objeto de inhabilitaciones por motivos análogos, lo que motivó la solicitud de una investigación exhaustiva sobre el proceder de los magistrados del Consejo de Estado.