El allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia (Atlántico) generó una enérgica reacción de altos funcionarios del Gobierno Petro, quienes calificaron la medida como un caso de acoso judicial.
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el viceministro Gabriel Rondón expresaron su solidaridad con Benedetti, su esposa Adelina Guerrero y sus hijos, señalando que la familia es supuesta víctima de una persecución por parte de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia.
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En su declaración oficial, los funcionarios rechazaron la diligencia judicial y subrayaron la importancia de garantizar la integridad y el bienestar de la familia del ministro durante el proceso.
“Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de la Directora, Angie Rodríguez, enviamos un mensaje de solidaridad y apoyo al Ministro del Interior, Armando Benedetti, su esposa, Adelina Guerrero e hijos por el acoso judicial del que están siendo víctimas, por parte de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia”, señaló el Dapre.
Insistieron en la necesidad de respetar el debido proceso y proteger los derechos fundamentales de Benedetti y sus allegados.
Acusaciones de abuso de poder y contexto legal
El comunicado oficial denunció un presunto abuso de poder por parte de la Corte Suprema de Justicia. Según el documento, la competencia de este tribunal se limita a la investigación de congresistas en ejercicio, condición que Benedetti dejó de ostentar hace más de tres años. Los funcionarios advirtieron que la actuación de la magistrada Lombana carece de fundamento legal y representa un uso indebido de la justicia.
Además, el pronunciamiento alertó sobre el riesgo de que la judicialización de la política se convierta en un mecanismo para hostigar a quienes ocupan cargos públicos o mantienen posturas críticas.
Se exigió que las actuaciones judiciales se ajusten a los principios constitucionales y legales, y que se respete el derecho a la defensa y la protección integral de la familia del ministro.
El mensaje concluyó con el deseo de que los hechos se aclaren y que Armando Benedetti pueda continuar su labor en el Gobierno sin interferencias derivadas de prácticas que, según los funcionarios, perpetúan el uso indebido de la justicia para fines políticos.
“Esta Corte solo puede investigar a congresistas y desde hace más de 3 años el Ministro ya no ejerce como tal. Esto representa un aparente abuso de poder que no tiene ningún fundamento. Deseamos que los hechos se esclarezcan y que el Ministro pueda adelantar su labor en el Gobierno, sin la sombra de quienes buscan perpetuar prácticas abusivas, desde la judicialización de la política y la persecución de sus contradictores”, señaló el Dapre.
Pronunciamiento del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia expresó su respaldo al ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las denuncias sobre un allanamiento en su residencia en Puerto Colombia, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.
La cartera liderada por Augusto Ocampo Camacho (e) manifestó preocupación por posibles vulneraciones a los derechos fundamentales del funcionario y su familia, e instó a que “las quejas sean evaluadas con objetividad y prontitud para garantizar las garantías constitucionales”.
En su comunicado oficial, el Ministerio recordó que “todas las personas en Colombia, sin excepción, tienen derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad de los jueces y al respeto por su dignidad humana”, en línea con la Constitución y tratados internacionales.
Además, reiteró su confianza en la autonomía judicial, aunque subrayó que “toda actuación judicial se adelante dentro de los límites de la competencia y con estricto apego a la legalidad, la proporcionalidad y la transparencia”.
El respaldo institucional se produjo luego de que Benedetti denunciara inspecciones a su residencia y a la de familiares, incluso menores de edad. “Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a cincuenta familiares míos, entre ellos mis hijos menores”, declaró. El ministro insistió en que siempre ha colaborado con las autoridades.
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