Fiscalía declaró desierta una licitación de $38.000 millones para el sistema biométrico del CTI

La Fiscalía General de la Nación canceló una licitación valorada en casi 38.000 millones de pesos para la adquisición de una herramienta de verificación biométrica destinada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), luego de que la Procuraduría General de la Nación emitió alertas sobre posibles irregularidades en el proceso.

La resolución que formalizó la decisión fue firmada por Alejandro Giraldo López, director ejecutivo de la entidad, y publicada en el Secop el viernes 7 de noviembre a las 4:40 p. m.

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El proceso de licitación, que tenía como objetivo modernizar los sistemas de identificación biométrica del CTI, estuvo bajo observación de la Procuraduría desde sus primeras etapas.

Marcio Melgosa, procurador Primero Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advirtió que la modificación de la fecha de la audiencia de adjudicación podría haber vulnerado las reglas establecidas para la estructuración de procesos de selección.

Además, Melgosa señaló a El Tiempo que el pliego de condiciones definitivo omitió indicadores clave como la capacidad financiera de los proponentes y que algunas gráficas presentadas por la Fiscalía carecían de legibilidad, lo que impedía conocer los datos utilizados para definir las condiciones del proceso.

El funcionario también cuestionó la suficiencia del análisis presupuestal realizado por la entidad.

La cronología del proceso muestra que el cierre de la etapa de selección se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2025, fecha en la que solo dos proponentes presentaron ofertas.

Posteriormente, tras evaluar las observaciones recibidas, la Fiscalía expidió una adenda el 20 de octubre para solicitar información adicional a la Unión Temporal Multibiométrica FGN sobre aspectos no advertidos en el informe inicial, otorgando plazo de respuesta hasta el 21 de octubre de 2025.

En cuanto a los participantes, explicó El Tiempo que la Unión Temporal Multibiométrica FGN estaba conformada por Thales Colombia S.A (47%), Sonda de Colombia S.A (45%), Thales Dis Brasil Cartões e Soluções de Tecnologia Ltda (4%) y Thales Dis España S.A (4%). Por su parte, el consorcio Idemia Iafis integraba a Iafis Colombia SAS (30%), Iafis Chile SA (15%) e Idemia Public Security France SAS (55%).

La decisión de declarar desierta la licitación se fundamentó en razones técnicas y administrativas. La Fiscalía determinó que, tras el análisis de los documentos y la evaluación de los requisitos, ninguna de las ofertas presentadas cumplía con los criterios de admisibilidad establecidos en el proceso.

Así, al consolidar la lista de proponentes habilitados, la Fiscalía concluyó que no existía ninguna propuesta que pudiera avanzar, lo que dejó en suspenso la adquisición de la herramienta biométrica para el CTI.

Procuraduría hizo varias alertas sobre el proceso

Es importante mencionar que el procurador delegado Marcio Melgosa había mencionado anteriormente que: “Esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender el trámite de la licitación pública hasta tanto se analicen las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura”.

Así mismo, desde el órgano de control pudieron constatar que hubo modificaciones al cronograma contractual y alteraciones en la evaluación de los requisitos habilitantes de uno de los oferentes, la Unión Temporal Multibiométrica FGN.

El procurador delegado Marcio Melgosa añadió a través de un comunicado que “además de incurrir en la posible vulneración de las normas mencionadas, la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación también transgredió, posiblemente, el principio de legalidad, bajo el cual todas las actuaciones de la Administración deben estar fundamentadas en la ley y dentro del ámbito permitido por aquella”.

De esta manera, el Ministerio Público había recomendado no solo suspender el proceso, sino también analizar la posibilidad de reiniciar la licitación desde cero.