Defensora del Pueblo advirtió dificultades con el Gobierno Petro: “No es fácil la relación”

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo que la relación institucional con el Gobierno de Gustavo Petro ha presentado dificultades que impactan el trabajo independiente de la entidad y la protección de los derechos humanos en Colombia.

En una entrevista publicada por Cambio, Marín detalló que los canales de diálogo con el Ejecutivo han sido desiguales según el ministerio involucrado.

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“El diálogo se mantiene, al menos, con algunos ministros; en otros casos, solo con el nivel técnico, y con otros es prácticamente nulo”, precisó.

Indicó que, ante la ausencia de comunicación fluida y el cierre de varios espacios institucionales, la Defensoría del Pueblo priorizó su autonomía y el rigor técnico en el cumplimiento de su mandato.

El escenario de conflicto armado y violencia organizada complicó aún más la situación. Según explicó Marín, la dispersión y expansión de los grupos armados ilegales aumentó en los últimos años, lo que agravó la vulnerabilidad de comunidades en distintas regiones.

“El contexto actual es muy desafiante, marcado por el recrudecimiento del conflicto armado y la violencia organizada en múltiples regiones del país”, afirmó.

Consideró que para garantizar derechos en este entorno se requiere fortalecer tanto la coordinación interna como la colaboración con otras instituciones estatales. “La desarticulación repercute negativamente en la capacidad del Estado para responder de manera integral a las crisis de derechos humanos”, expresó a Cambio.

Uno de los puntos críticos abordados en la entrevista fue el recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo. Marín precisó que la reducción alcanza 59.530 millones de pesos para 2026 en comparación con el año anterior, lo que representa un 5% menos, pero advirtió que el ajuste más severo afecta la inversión, con una caída del 30% y una reducción total del 11,2% del presupuesto solicitado para el funcionamiento adecuado de la entidad.

Según Marín, esta falta de recursos afecta directamente la presencia y capacidad institucional en zonas consideradas de riesgo y en territorios históricamente golpeados por el conflicto.

Sobre la forma en que se tomaron estas decisiones, Iris Marín aclaró: “Sí hubo una decisión política de no apoyar las necesidades presupuestales de la Defensoría, y las decisiones se tomaron sin diálogo con nuestra entidad”.

Negó que se tratara de una sanción por la postura crítica de su institución, pero remarcó la importancia de discutir y transparentar los motivos de los recortes.

La crisis de acceso a medicamentos fue otro asunto prioritario en la conversación con Cambio. La defensora explicó que el mercado farmacéutico creció, pero el acceso para la mayoría disminuyó por las distorsiones en la cadena de distribución.

“Mientras el mercado farmacéutico crece, el acceso de la población a los medicamentos disminuye”, enfatizó la funcionaria.

Añadió que un 61% de los encuestados debió financiar de su propio bolsillo medicamentos que no recibieron a través del sistema de salud, situación que profundiza desigualdades y pobreza en sectores vulnerables.

En materia de seguridad, Marín Ortiz advirtió que la proliferación y fraccionamiento de grupos armados ilegales se intensificó debido, según su análisis, a la falta de una política preventiva integral y a la baja implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Subrayó que el Clan del Golfo, con cerca de 9.000 integrantes, consolidó su presencia como la principal amenaza armada para el país y expresó la necesidad de combinar control territorial, inversiones sociales y fortaleza judicial para restar poder a estos grupos.

Durante la entrevista, Marín expresó profunda preocupación por la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz por parte del Gobierno. Dijo que la medida rebasa lo que la ley permite y representa riesgos para los derechos de las víctimas.

“Nos preocupa que se vulneren especialmente los derechos de las víctimas a la verdad y a la participación”, aseveró.

La defensora también abordó la persistencia de la violencia de género, los altos índices de feminicidio, y la sobrecarga de las mujeres en áreas sociales y económicas, pese al marco legal. Concluyó señalando que garantizar presupuesto y coordinación adecuada es esencial para evitar retrocesos en derechos humanos.