Ocho años después de la avalancha que devastó a Mocoa, en el departamento del Putumayo, la reconstrucción del municipio continúa inconclusa y ahora bajo escrutinio disciplinario.
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio a los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez y Eduardo José González Angulo, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
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Según el organismo de control, el proyecto de inversión —que comprometía más de 185.093 millones de pesos— contemplaba la ejecución de 17 contratos de obra y 11 de interventoría para realizar 56 obras de mitigación del riesgo tras las inundaciones ocurridas en 2017 y 2018, que dejaron más de trescientas víctimas mortales y graves afectaciones a la infraestructura local.
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La Procuraduría señaló que los entonces directores de la Ungrd habrían omitido realizar gestiones oportunas para reencauzar el proyecto, remover obstáculos durante su desarrollo y garantizar su finalización.
Estas omisiones, indicó el ente de control, “afectaron de manera directa su ejecución y generaron retrasos significativos en el desarrollo de las obras de mitigación del riesgo, sin aparente justificación”.
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La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR advirtió que las deficiencias en la planeación del proyecto llevaron a la suspensión de varios contratos, e incluso a que otros no llegaran a iniciarse.
“A la fecha, el proyecto no se ha culminado”, precisó la Procuraduría en el pliego de cargos, subrayando que la población de Mocoa continúa esperando las obras prometidas para garantizar su seguridad y recuperación.
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El análisis del Ministerio Público concluyó que no existen justificaciones válidas para el atraso de las obras, por lo que las conductas atribuidas a los exdirectores fueron calificadas como faltas gravísimas.
En el caso de Olmedo López, la Procuraduría determinó que la falta se cometió a título de culpa gravísima, mientras que González habría incurrido en una falta gravísima a título de culpa grave.
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La investigación busca establecer si las deficiencias detectadas en la planeación y ejecución de los proyectos, así como la falta de gestión para superar los obstáculos, impidieron la correcta utilización de los recursos y la finalización de las obras.
El Ministerio Público advirtió que, pese a los compromisos asumidos tras la tragedia, la reconstrucción de Mocoa sigue pendiente, dejando en entredicho el manejo de los recursos y la gestión institucional.
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Una tragedia anunciada
La devastación que sufrió Mocoa la madrugada del 1 de abril de 2017 dejó 314 muertos, 332 heridos y 106 desaparecidos tras el desbordamiento simultáneo de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco.
La tragedia expuso las profundas vulnerabilidades estructurales y sociales del municipio, marcado por altos índices de pobreza y una débil infraestructura estatal.
Diversos análisis atribuyeron el desastre a la deforestación, la ocupación de zonas de riesgo y el cambio climático.
Sin embargo, expertos y comunidades locales sostienen que la raíz del problema está en el modelo de desarrollo extractivista impuesto en la región, donde la explotación minero-energética ha deteriorado el entorno natural y desplazado a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
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Putumayo, con una tasa de pobreza multidimensional del 76,3% según el DNP, depende en más de la mitad de su economía de este sector.
Esta dependencia, sumada a la falta de inversión social, ha mantenido a Mocoa en una situación de vulnerabilidad permanente. La reconstrucción inconclusa y los retrasos en las obras solo profundizan el sentimiento de abandono estatal y la desconfianza de la población hacia las instituciones encargadas de su recuperación.
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Para los pueblos originarios, la tragedia fue una crisis anticipada, resultado de políticas que privilegian los intereses económicos sobre la vida y el territorio.
Atribuirla únicamente al cambio climático, advierten, invisibiliza las responsabilidades del Estado y las consecuencias del modelo extractivo que aún persiste en el sur del país, donde la promesa de reconstrucción sigue sin cumplirse plenamente.
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