La Contraloría General de la República emitió una alerta de control interno a Ecopetrol por presuntas irregularidades en un contrato firmado con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, encargada de revisar los riesgos reputacionales de la petrolera ante autoridades de Estados Unidos, debido a las investigaciones que involucran al presidente de la compañía, Ricardo Roa.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el contrato se suscribió el 21 de febrero de 2025, pero un mes después la junta directiva de Ecopetrol solicitó su suspensión. Pese a ello, la empresa ya había transferido más de 1,5 millones de dólares a la firma contratista, sin que existan informes finales ni pruebas de la ejecución completa del objeto pactado.
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El ente de control detectó que gran parte de los pagos se respaldaron con registros de horas declaradas por la empresa asesora, pero no con documentos que acreditaran la prestación efectiva de los servicios. Según la Contraloría, esta situación genera dudas sobre la verdadera naturaleza del contrato y sobre si las actividades realizadas corresponden a lo estipulado inicialmente.
“Los hallazgos de auditoría permiten evidenciar posibles irregularidades en la ejecución del contrato, especialmente en lo relacionado con los soportes que justifican los pagos efectuados”, precisó la entidad en su informe.
Otro aspecto cuestionado por la Contraloría es la suspensión del contrato, la cual no se habría realizado bajo las condiciones internas de la compañía. En la revisión documental, el organismo señaló que no existe un acta formal de suspensión incorporada en el expediente contractual, como lo exige la normatividad aplicable.
Por esta razón, la Contraloría considera que la contratación podría no estar cumpliendo con el propósito de asesorar a la petrolera en la revisión de políticas, procesos y posibles controversias con autoridades estadounidenses. Ante esto, se emitió una alerta preventiva y se otorgó un plazo de cinco días hábiles a Ecopetrol para que responda y entregue los soportes que acrediten la ejecución del contrato y la pertinencia de los pagos efectuados.
Si la empresa no presenta una respuesta dentro del tiempo estipulado, el organismo de control entenderá que acepta los hallazgos y remitirá el expediente a las autoridades competentes, con el fin de que se determinen posibles sanciones administrativas o fiscales.
La petrolera aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la advertencia, aunque fuentes internas confirmaron que la documentación está siendo revisada por el equipo jurídico para responder dentro del plazo fijado.
El caso se suma a otros procesos en curso que involucran a Ecopetrol ante organismos de control. En meses recientes, la compañía también ha enfrentado requerimientos por parte de la Dian, que reclama el pago de más de 1,5 billones de pesos por concepto de IVA en importaciones de combustibles, un cobro que la petrolera considera retroactivo e injustificado.
La Contraloría subrayó que las alertas de control interno buscan prevenir posibles afectaciones al patrimonio público y garantizar que las contrataciones de entidades estatales cumplan estrictamente con la ley. El organismo señaló que continuará haciendo seguimiento al caso hasta verificar si los recursos transferidos a Covington & Burling se utilizaron conforme a lo acordado en el contrato de asesoría.
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