La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 015 de 2025 para el departamento de Vichada, advirtiendo graves riesgos de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía.
El origen de la alerta es la ruptura, el 3 de agosto de 2025, de la alianza entre la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que ha desencadenado una confrontación armada por el control de rutas ilícitas transfronterizas, especialmente de narcotráfico y explotación ilegal de minerales como oro y coltán.
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El documento señala que la escalada de violencia ha sumado hechos letales a las prácticas coercitivas previas, con alto riesgo de confinamientos y desplazamientos masivos transfronterizos en puntos críticos como Garcitas, Aceitico y Puerto Nariño.
Además, se ha evidenciado la instrumentalización de la población fronteriza en labores logísticas y el posible uso de drones con explosivos en el desarrollo del conflicto.
La Defensoría del Pueblo advierte también sobre el riesgo de involucramiento de otros grupos armados ilegales, como el Nuevo Estado Mayor Central (línea de ‘Iván Mordisco’), el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), lo que podría profundizar las afectaciones a la población.
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En un extenso documento, se mencionó que entre los grupos en especial condición de riesgo se encuentran niñas, niños, adolescentes y jóvenes, comunidades indígenas como Amorua, Sikuani, Sálibas, Piapoco, Piarobas, Curripaco y Guarequena, liderazgos sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, población migrante y campesinado.
El territorio de Vichada presenta una extensa frontera fluvial de 529 km con Venezuela, caracterizada por una baja presencia institucional y limitada capacidad de control estatal, lo que facilita el desarrollo de actividades ilícitas y el tránsito irregular de personas. Las proyecciones del Dane para 2024 indican que Cumaribo es el municipio más poblado, con 124.682 habitantes, seguido de Puerto Carreño (20.946), La Primavera (10.744) y Santa Rosalía (4.151).
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La alerta identifica once puntos críticos de riesgo inminente, entre ellos Nueva Antioquia, Aceitico, Puerto Murillo, Casuarito, Garcitas, Carlos Lata, Amanavén, Puerto Nariño y Santa Rita. Se destaca que la confrontación ha generado un cambio en los repertorios de violencia, pasando de la coerción a la letalidad, y que la población civil queda atrapada en el fuego cruzado, con uso de drones para vigilancia y seguimiento en la franja fronteriza.
En respuesta, la Defensoría del Pueblo formuló 18 recomendaciones dirigidas a entidades estatales y gubernamentales, orientadas a impulsar una respuesta rápida que permita mitigar los riesgos advertidos. Entre las acciones solicitadas se encuentran el fortalecimiento de la presencia institucional, la protección integral de comunidades étnicas y líderes sociales, la activación de planes de contingencia ante desplazamientos masivos y la implementación de operativos de control en los corredores fluviales y terrestres.
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La entidad enfatizó la necesidad de priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes, así como de comunidades indígenas y firmantes de paz, bajo un enfoque de seguridad humana. Las recomendaciones incluyen la coordinación interinstitucional, la disuasión del contexto de amenaza, la investigación y acceso a la justicia, la asistencia humanitaria y el acompañamiento del Ministerio Público.
La situación en Vichada está exigiendo respuestas estatales urgentes y coordinadas para enfrentar la agudización del conflicto armado, proteger a la población civil y garantizar la vigencia de los derechos humanos en un contexto de violencia creciente y débil presencia institucional, que desde el inicio del 2025, se ha intensificado en varias regiones del territorio nacional por la reanudación de los enfrentamientos entre varios grupo armados al margen de la ley.
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