Concejal denunció extorsiones en plena calle en el norte de Bogotá: “Bloquean y amenazan”

Con video como prueba, las acciones recurrentes de ciertos individuos sobre la avenida 134 con carrera 13, en el norte de Bogotá, están generado inquietud entre los ciudadanos que por allí transitan, que denuncian bloqueos y alteraciones en la movilidad.

El concejal Juan David Quintero, cuya tarea más reconocida es reportar las irregularidades en las calles de la capital, publicó un video en el que mostró cómo dos personas están interrumpiendo el tráfico, a la vez que alegó que estas personas asumen funciones propias de las autoridades de tránsito, y exigen dinero a los conductores para permitirles la circulación por la zona.

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Quintero repasó los hechos: “¿Cómo así que todos los días estos personajes usurpan funciones de tránsito y bloquean la 134 con 13?”; entonces dijo que quienes se niegan a cooperar económicamente reciben presiones.

En sus palabras, “piden monedas para ‘dejar pasar’ y, si no, bloquean y amenazan”, un problema que, según el concejal, no solo se repite a diario, sino que pone al límite la paciencia de los ciudadanos que transitan por ese sector.

El llamado del funcionario apunta a que el Distrito tome el control y la legalidad en el espacio público: “Bogotá necesita orden”, puntualizó.

El concejal también arremetió contra moteros que invaden carril de Transmilenio

Minutos después, el cabildante emitió un fuerte mensaje contra los moteros que usan el carril de Transmilenio para evitarse los trancones en la capital.

De hecho, publicó un video en el que un motociclista de graba circulando por un carril del sistema masivo.

En ese video de oye una irónica grabación en la que se “promociona” el uso del carril de Transmilenio como un “derecho” que se recibe “pagando el Soat”.

Así se oye: “En Bogotá el tráfico es eterno, pero pagando tu Soat recibes gratis el carril VIP del Transmilenio. Oferta válida hasta que te coja la policía. Porque en esta ciudad todo es posible: huecos, trancones y ahora el carril VIP”.

Por su parte, Quintero escribió: “¿Qué tienen en la cabeza los moteros que usan el carril de @Transmilenio solo por evitar un trancón? ¡La ley es para TODOS! Creen que van volando, pero son el verdadero problema. Por eso es urgente nuestro proyecto de acuerdo para proteger el derecho de todos a moverse en paz”.

Quintero también se fue contra los capuchos

Durante el año en curso, más de 14,5 millones de personas en Bogotá experimentaron interrupciones en su movilidad debido a bloqueos que paralizaron el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

Frente a este panorama, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, presentó un Proyecto de Acuerdo orientado a declarar el transporte masivo como un servicio esencial, lo que obligaría a la administración distrital y a las autoridades a responder en forma inmediata ante actos vandálicos y bloqueos violentos.

En lo que va del año, la ciudad registró 751 protestas, contingencias y disturbios, cifra que representa un incremento de más de 300 eventos respecto a 2024. Quintero argumentó que esta situación no puede seguir siendo tolerada, ya que afecta a una ciudad donde más del 53% de los habitantes utiliza el transporte público masivo, y el 71% se desplaza mediante medios sostenibles.

El concejal remarcó: “Bogotá no puede seguir paralizada por falsas manifestaciones pacíficas”, advirtiendo sobre el impacto directo de estas acciones en la vida laboral, educativa y de salud de millones de ciudadanos.

El proyecto presentado refuerza la idea de que detener y vandalizar los buses o bloquear vías no constituye una legítima expresión de protesta, sino una vulneración directa de los derechos fundamentales.

El concejal señaló: “Nadie cuestiona el derecho a protestar, pero vandalizar buses y bloquear vías no es un ejercicio democrático, sino una violación a los derechos fundamentales de millones de bogotanos”.

Quintero fundamentó la propuesta citando el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 336 de 1996 y varias sentencias de la Corte Constitucional, para confirmar que el transporte público masivo es un servicio esencial, fundamental para el ejercicio de derechos como la movilidad, el trabajo, la educación y la salud.