Ordenan a la Fundación San José entregar información académica de Juliana Guerrero, aspirante a viceministra sin un título profesional

La decisión del Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá obliga a la Fundación Universitaria San José a entregar, en un plazo de cuarenta y ocho horas, la información académica de Juliana Guerrero, que representa a la administración de Gustavo Petro en la Universidad Popular del Cesar.

Esta orden judicial responde a un derecho de petición presentado por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que desde el 29 de agosto de 2025 había solicitado los documentos que acreditan los títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y de Contaduría Pública que figuran en la hoja de vida de Guerrero.

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El fallo, emitido el 31 de octubre, determinó que la universidad no cumplió con su obligación de responder de manera adecuada, ya que la contestación proporcionada fue calificada como “evasiva” y no cumplió “los presupuestos constitucionales del derecho de petición”. El juez subrayó que los títulos universitarios y las actas de grado son documentos públicos, especialmente cuando habilitan el ejercicio profesional, por lo que su entrega no puede estar sujeta a condiciones ni reservas.

En la providencia se citan sentencias recientes de la Corte Constitucional, correspondientes a 2025 y 2022, que reiteran el carácter público de los títulos académicos como actos administrativos. Además, se establece que la información semiprivada vinculada a la formación de un funcionario puede divulgarse cuando existe un interés público sobre su idoneidad, como ocurre en el caso de Guerrero, quien hasta el 25 de septiembre figuró en la lista de aspirantes a viceministra de las Juventudes.

El fallo enfatiza la relevancia de la transparencia en la función pública al afirmar: “La información solicitada tiene que ver con una figura pública, como la (aspirante a) viceministra de Juventud, y resulta necesaria para ejercer un control político y público efectivo sobre la idoneidad de quienes asumen responsabilidades de alto nivel en el Gobierno nacional”.

La representante Jennifer Pedraza celebró la decisión judicial, destacando que respalda la transparencia y el control político sobre las designaciones del Ejecutivo. En sus palabras: “Es inadmisible tener que acudir a la justicia para poder hacer control político, pero este fallo demuestra que estamos actuando en defensa del mérito y la verdad”, declaró la congresista.

Por su parte, Juliana Guerrero reiteró su intención de asumir el cargo de viceministra y tiene previsto presentar la Prueba Saber Pro el 8 de noviembre de 2025, un requisito que, como cualquier estudiante universitario, debió cumplir antes de graduarse.

Fallo ordenó entregar información de los millonarios contratos confidenciales que firmó Juliana con la UIS

El Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar información sobre los contratos de prestación de servicios celebrados con Juliana Guerrero Jiménez, tras una solicitud presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

Esta decisión judicial surge en el contexto del escándalo que involucra a Guerrero Jiménez, que fue candidata a viceministra de la Juventud y cuyo nombre apareció en investigaciones periodísticas que revelaron la obtención de contratos y honorarios estatales sin poseer título profesional durante 2023 y 2024.

La sentencia, elaborada por la magistrada María Eugenia Carreño, exige a la UIS detallar los criterios utilizados para seleccionar a Guerrero Jiménez como enlace territorial en actividades vinculadas a la convivencia y seguridad ciudadana, en el marco del Contrato Interadministrativo 2402 de 2023 suscrito entre el Ministerio del Interior y la universidad.

El fallo establece: “Indicar a la solicitante de forma expresa, clara y concisa los criterios que tuvo en cuenta para seleccionar a la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez como enlace territorial de las actividades relacionadas con espacios de sensibilización y articulación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo 2402 de 2023, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad Industrial de Santander”.