Defensoría del Pueblo expuso las graves barreras de acceso a medicamentos que enfrentan miles de pacientes en Colombia

Durante una audiencia pública realizada en la mañana del miércoles 5 de noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo presentó el informe Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia, en el que se expuso el agravamiento estructural del derecho a la salud en el país.

El reporte identificó un incremento sostenido de barreras en el acceso y la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin diferenciar el tipo de afiliación y con un impacto más severo en poblaciones rurales, comunidades étnicas y regiones con baja conectividad.

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Durante la exposición del informe, la Defensora detalló los resultados de 3.449 encuestas realizadas en distintos puntos del país para medir el impacto económico de la falta de entrega oportuna de medicamentos.

La información recolectada identificó que seis medicamentos, entre ellos Metformina, Valsartán, Insulina Glargina, Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico, concentran buena parte del problema, afectando diagnósticos como condiciones metabólicas, salud mental, neurológica y materna.

El cálculo del costo mensual de tratamiento, cruzado con ingresos promedio reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), evidencia que el gasto personal en uno de estos medicamentos puede significar entre el 7% y el 90% del ingreso mensual, lo que repercute negativamente en derechos como alimentación, educación y vivienda digna.

Según cifras de la entidad con corte a septiembre del 2025, se reportaron 584 medicamentos diferentes sin entregar. Tras hacer seguimiento a 1.798 reportes de desabastecimiento, el 48% de los casos seguía sin resolución. Ante la no entrega, el 61% de los encuestados afirmó comprar los medicamentos por cuenta propia, lo que genera un impacto económico crítico, particularmente en territorios rurales y comunidades étnicas.

Los medicamentos más frecuentemente no entregados fueron Metformina, seguido de Valsartán y Losartán. El grupo de los diez medicamentos con mayor número de reportes concentra el 25% del total de casos.

“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presentan también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística privilegian el canal comercial sobre el institucional”, expresó Marín Ortiz durante la audiencia pública en Barranquilla.

El informe también expone el panorama de tutelas desde 2020 hasta agosto de 2025. En ese periodo, se radicaron 1.003.147 acciones jurídicas ante la Corte Constitucional relacionadas con el derecho a la salud. Tan solo en 2025, el 33,85% de las tutelas presentadas están asociadas a la protección de ese derecho, ubicándolo como el segundo más solicitado en el país.

Además, el 36,82% de las tutelas en salud de ese año se relaciona con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos médicos. En el mismo lapso, la Defensoría interpuso o acompañó 18.451 tutelas; el 24% tuvo como causa la negación de entrega o acceso a medicamentos esenciales, siendo Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%) los departamentos con mayor concentración de casos.

La defensora enfatizó que la crisis actual resulta del cruce de factores financieros, administrativos y logísticos, que inciden negativamente en el funcionamiento y sostenibilidad del sistema. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, se han registrado cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos. La Defensoría del Pueblo acumuló 107.000 quejas entre 2022 y 2025, con 35.000 solo en 2024, un aumento del 32% frente al año anterior. Entre enero y agosto de 2025, se han radicado aproximadamente 28.000 quejas vinculadas a la prestación de servicios de salud.

Entre las principales causas de la afectación generalizada se enumeran la falta de transparencia financiera de EPS, IPS y gestores farmacéuticos, fallas en la rendición de cuentas, retrasos en los pagos que limitan la disponibilidad de medicamentos, distorsiones en la cadena logística que desplazan la atención hacia el canal comercial privado, barreras administrativas y cambios de gestores con insuficiente capacidad para responder en zonas apartadas, lo que interrumpe tratamientos médicos esenciales.

Los departamentos con mayor nivel de vulneración del derecho a la salud son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, seguidos por La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.

“Se reconoce una causa estructural, consistente en la alta inequidad social y económica. Mientras la inequidad persista será muy difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud. A pesar de los avances en los indicadores de salud pública de los últimos 30 años, existe una clara inequidad en el acceso, en particular para la población rural y periférica del país y las grandes ciudades, derivada de barreras geográficas, sociales, culturales y económicas”, afirmó Marín Ortiz.

Como respuesta a la crisis, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional a establecer estrategias que afecten en menor medida a los pacientes. “El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema, en su deber de garantizar el derecho a la salud y en su obligación de escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría, cuyo rol es acercar a las partes para aliviar el sufrimiento que, sin ninguna duda, hoy padece la población colombiana”, concluyó.