El 6 y 7 de noviembre de 1985, el centro de Bogotá se convirtió en un campo de batalla.
El grupo guerrillero M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia, y el Estado respondió con una ofensiva militar. El resultado de la toma y retoma dejó más de cien muertos, entre magistrados, soldados y combatientes.
Pero entre los escombros hubo una tragedia silenciosa: once personas salieron vivas del edificio y nunca más se supo de ellas.
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Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las víctimas reconocidas como desaparecidas fueron:
- Cristina del Pilar Guarín Cortés – Empleada de la cafetería del Palacio.
- Carlos Augusto Rodríguez Vera – Administrador de la cafetería.
- Bernardo Beltrán Hernández – Mesero del Palacio.
- Héctor Jaime Beltrán Fuentes – Mesero de la cafetería.
- David Suspes Celis – Chef o auxiliar de cocina.
- Gloria Stella Figueroa Lizarazo – Empleada de la cafetería (también citada como Gloria Stella Lizarazo Figueroa).
- Luz Mary Portela León – Empleada temporal de la cafetería; reemplazaba a su madre el día de la toma.
- Norma Constanza Esguerra Forero – Visitante del Palacio.
- Ana Rosa Castiblanco Torres – Empleada de cocina.
- Irma Franco Pineda – Integrante del M-19, capturada con vida y desaparecida bajo custodia militar.
- Gloria Isabel Anzola de Lanao – Visitante ocasional del Palacio.
Esta lista coincide con la sentencia Rodríguez Vera y otros vs. Colombia, emitida por la Corte IDH en 2014, que condenó al Estado por desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Videos y fotografías de medios como El Tiempo y Noticiero Cripton mostraron a varios de ellos saliendo con vida del Palacio, custodiados por militares.
Sin embargo —según documentó el Cnmh en su micrositio conmemorativo Palacio de Justicia: 30 años— ninguno fue presentado ante autoridad judicial ni reapareció con vida.
Historias que no se olvidan
Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, desapareció durante la toma cuando su hija Alejandra tenía solo 35 días de nacida.
Su familia, que preparaba el bautizo, vivió la angustia de no volver a verlo. Aunque su padre fue identificado en un video de televisión y el restaurante se halló en buen estado tras la retoma, nunca se supo de él.
Llamadas anónimas aseguraban que estaba detenido y torturado en el Cantón Norte. Su madre lo buscó incansablemente, aferrada a la esperanza de hallarlo con vida, de acuerdo con informes de la Radio Nacional de Colombia.
También desapareció Bernardo Beltrán, de 24 años, mesero del Palacio, recordado por su hermana Sandra como un joven trabajador, alegre y soñador. Aunque su cuerpo fue hallado años después, su familia nunca conoció las circunstancias de su muerte. Sandra insiste en que ni Bernardo ni sus compañeros tenían vínculos con el M-19 y que fueron falsamente acusados.
Otra víctima fue Irma Franco, estudiante de Derecho y militante del M-19. Su hermano Jorge la recuerda como una mujer sensible y comprometida socialmente.
Fue vista saliendo del Palacio y trasladada al Cantón Norte, donde testigos afirman que fue torturada y asesinada por militares. Jorge la buscó durante décadas, pese a amenazas, y recuerda que días antes del operativo Irma le dijo que emprendería “un viaje muy largo”.
“No basta con hallar los cuerpos”
Durante años, las familias de los desaparecidos recorrieron cementerios y archivos sin obtener respuestas.
En 2015, la Fiscalía General de la Nación anunció la identificación de los restos de Cristina Guarín Cortés, Luz Mary Portela León y Lucy Amparo Oviedo Bonilla mediante cotejos genéticos, como informó El Tiempo en octubre de ese año. En 2016, la Unidad para las Víctimas confirmó la entrega formal de los restos de Portela León a su familia, según su portal histórico.
Pero los familiares insisten en que la identificación no equivale a justicia. “La entrega de un cuerpo sin la verdad no nos satisface”, dijo a Radio Nacional de Colombia un hermano de Carlos Augusto Rodríguez Vera durante los actos conmemorativos de 2020.
El caso de Luz Mary Portela León fue especialmente doloroso. Como recordaron Semana y el Cnmh, la joven de 22 años reemplazaba a su madre en la cafetería ese día. Fue vista saliendo viva del Palacio; después, su rastro se perdió.
Responsabilidad del Estado
La sentencia de la Corte IDH estableció que varios civiles fueron detenidos por militares y trasladados al Cantón Norte y a la Escuela de Caballería, donde se les perdió la pista. El fallo concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, libertad personal y protección judicial de las víctimas, y ordenó medidas de reparación, búsqueda e identificación.
En el caso de Irma Franco Pineda, integrante del M-19, la Corte determinó que su desaparición también constituye un crimen de Estado, ya que estaba bajo custodia militar cuando fue vista por última vez.
“Aun los combatientes capturados deben recibir protección bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario”, señala el texto judicial.
En Colombia, los procesos avanzaron lentamente. En 2021, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó condenas contra cinco militares retirados por desaparición forzada agravada, como reseñó el medio Ámbito Jurídico. No obstante, los familiares sostienen que las responsabilidades de alto rango no han sido esclarecidas.
Memoria viva
Cada noviembre, los familiares de los desaparecidos se reúnen en la Plaza de Bolívar para encender velas y leer los nombres de sus seres queridos. “Cuarenta años después, todavía esperamos que el Estado nos diga dónde están”, repite Beatriz Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, en declaraciones a El Tiempo.
El Cnmh conserva en su archivo audiovisual los testimonios de esas familias, junto con fotografías y recortes de prensa que dan cuenta de la búsqueda. Según la entidad, ocho personas siguen sin hallarse plenamente identificadas.
Los nombres de Cristina, Carlos, Héctor, David, Bernardo, Gloria Stella, Luz Mary, Norma, Ana Rosa, Irma y Gloria Isabel se repiten año tras año en actos simbólicos que buscan mantener viva la memoria y evitar que el olvido se imponga sobre la impunidad.
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