
El crecimiento de los grupos armados ilegales en Colombia ha alcanzado niveles inéditos, con un aumento del 6% en el número de integrantes en los últimos seis meses.
Actualmente, estas organizaciones suman 21.958 miembros entre combatientes y colaboradores, distribuidos en 562 municipios de veintinueve departamentos, lo que consolida su influencia en regiones estratégicas del país.
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El documento clasificado detalla que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha mantenido una tendencia ascendente, pasando de seis mil veinte integrantes en 2024 a 6.245 en 2025.
De este total, 3.357 son combatientes activos y 2.888 forman parte de redes de apoyo, lo que representa un incremento de doscientas cinco personas respecto al semestre anterior. La presencia del ELN se concentra especialmente en zonas como Catatumbo, Arauca, Chocó y el sur de Bolívar, donde sostiene enfrentamientos con el Clan del Golfo.

Por su parte, el Clan del Golfo continúa siendo la organización armada con mayor número de efectivos en Colombia. El informe indica que esta estructura pasó de 2.638 a 2.675 combatientes y de 4.753 a 4.876 colaboradores, alcanzando un total de 7.551 miembros activos.
Su organización interna se compone de seis bloques y treinta y dos frentes, con operaciones en dieciséis departamentos y doscientos treinta y ocho municipios.
El consolidado nacional realizado en agosto por organismos de inteligencia señala que el Clan del Golfo ha experimentado el mayor crecimiento, llegando a 8.945 integrantes, frente a los siete mil quinientos del reporte anterior. Actualmente, cuenta con 5.788 miembros en redes de apoyo y 3.157 hombres en armas, cifras que reflejan un aumento significativo respecto al periodo previo.
Las disidencias de las extintas FARC también han incrementado su capacidad operativa. El informe advierte que, en conjunto, estas estructuras pasaron de 7.920 a 9.215 integrantes.

Las facciones dirigidas por alias ‘Calarcá’ aumentaron de dos mil ciento setenta a 2.415 miembros, mientras que las comandadas por alias Iván Mordisco crecieron de dos mil novecientos cincuenta y siete a 3.279 integrantes, incluyendo tanto combatientes como redes de apoyo.
Las estructuras bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, concentran 2.667 hombres en armas y 1.252 en redes de apoyo, lo que supone un incremento de seiscientos cuarenta miembros frente al registro anterior.
Estas facciones operan principalmente en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare y regiones del oriente colombiano.
En el suroccidente del país, surgió una nueva facción denominada Disidencias 57, que, aunque de tamaño reducido, mostró un crecimiento proporcionalmente alto al pasar de cuarenta a noventa integrantes en solo seis meses.

La Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, experimentó una evolución dispar. Inicialmente, el grupo amplió su presencia, pasando de dos mil cincuenta y nueve hombres en armas y ochocientos noventa y ocho colaboradores en 2024 a 2.283 combatientes y 996 colaboradores en 2025, alcanzando una fuerza cercana a 3.300 miembros.
Sin embargo, el último reporte señala un debilitamiento: su pie de fuerza descendió de 1.537 hombres en armas y 604 integrantes de redes de apoyo a 289 y 243, respectivamente, para un total de 532 integrantes. La Fiscalía y la Policía atribuyen a esta organización la autoría intelectual del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
El informe de inteligencia destaca que, en los primeros ocho meses del año, el número de integrantes de grupos armados ilegales superó los 25.000, lo que representa un aumento de 3.320 personas, equivalente al 15% respecto al último reporte con corte a enero de 2025.
Esta expansión se ha producido en el contexto de la política de ‘paz total’ impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, y ha sido identificada como una de las causas del deterioro del orden público, que ha alcanzado uno de sus puntos más críticos desde la firma del acuerdo con las FARC.
El informe subraya que este fenómeno ha impulsado el aumento de desplazamientos forzados, confinamientos, extorsiones y asesinatos selectivos en el marco del conflicto armado.
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