La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) alista una modificación en la estructura tarifaria de la energía eléctrica que contempla una disminución entre 33% y 45% en el componente de Comercialización (C).
Esta propuesta busca reflejarse directamente en el costo de las facturas de los usuarios en Colombia, aunque implicaría un impacto negativo en los ingresos de las empresas por más de 1 billón de pesos anuales.
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El ajuste que prepara la Creg se enfoca exclusivamente en uno de los seis componentes que conforman la tarifa de energía. La modificación del componente de Comercialización podría traducirse para un usuario de estrato 1 en una reducción cercana a 2.400 pesos en su factura mensual. El beneficio sería escalonado de acuerdo con el nivel de consumo y el estrato socioeconómico del usuario.
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Riesgo financiero para las comercializadoras
El gremio de las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía, Asocodis, emitió alertas sobre las consecuencias de esta medida. De acuerdo con los estimativos entregados por la organización, la reducción en el componente de comercialización generaría una caída superior a 1 billón de pesos en los ingresos anuales de las empresas.
José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, subrayó que “esto afecta de manera importante a todos los comercializadores, pero mucho más a las empresas pequeñas y a las que no tienen una solidez financiera”.
El efecto sería mucho más agresivo sobre aquellas compañías que ya enfrentan dificultades operativas o financieras. Entre las veintiuna empresas agrupadas en el gremio, siete tendrían en ese escenario disminuciones de ingresos superiores al 30%, lo que pondría en riesgo la continuidad de su labor de comercialización.
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Cartera acumulada y fragilidad del sector
Las empresas del sector ya gestionan un entorno financiero complejo, con recursos pendientes por recuperar cercanos a 6 billones de pesos. Esta cifra incluye 2,1 billones de pesos en subsidios de energía eléctrica, 2,6 billones de pesos por saldos de la opción tarifaria y 1,3 billones de pesos en deudas de usuarios oficiales.
La deuda asociada a subsidios aumenta unos 300.000 millones de pesos cada mes, mientras el Estado no ha dispuesto recursos suficientes para cubrirla. Si la tendencia continúa, el monto total se podría acercar a los 7 billones de pesos en diciembre.
El gremio advirtió que, sumando esa situación con el impacto de la propuesta de la Creg, muchos prestadores podrían tornarse inviables, comprometiendo así la prestación del servicio para numerosos colombianos.
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Alternativas y consecuencias para los usuarios
El análisis de Asocodis expone que si las empresas dejan de financiar los subsidios, la factura de un usuario vulnerable de estrato 1 podría incrementarse cerca del 90%. Este escenario se produciría si el costo de los subsidios recae de manera exclusiva en los usuarios de los estratos 5, 6 y sectores comerciales, en caso de que el Gobierno Nacional no aporte recursos adicionales.
Cada caso particular podría arrojar cifras superiores a los promedios. En el mercado atendido por AIR-e, por ejemplo, la reducción del ingreso por comercialización sería de aproximadamente 35%.
El ahorro en la factura para un usuario de estrato 1 de esa zona rondaría los 6.000 pesos mensuales, mientras que el valor de la factura podría aumentar en 55.000 pesos si no se financian los subsidios. En la región del Chocó, atendida por DISPAC, la disminución sería de 6.500 pesos, y la factura podría crecer en cerca de 74.000 pesos (140%).
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Reclamaciones jurídicas y posibles acciones legales
Asocodis también ha señalado problemas jurídicos en el procedimiento seguido por la Creg. La organización sostiene que la reducción mediante circular no se ajusta a las disposiciones legales para la expedición de actos tarifarios de carácter particular. Estas normas contemplan la necesidad de un procedimiento administrativo formal que garantice la participación empresarial y permita recursos en vía gubernativa.
“Sin duda alguna se vulnera el debido proceso y se atenta contra las garantías de las empresas. Este tema ha sido estudiado y enviado a la Creg a través de un concepto de un asesor jurídico con amplia experiencia en estos temas regulatorios”, expresó Manzur. Ante este panorama, no se descartan demandas de nulidad y restablecimiento del derecho.
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