
Además de combatir a los grupos armados y las estructuras ilegales, desde las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa también buscan que las personas vinculadas a estas agrupaciones al margen de la ley tengan claridad de que pueden someterse a la justicia.
Al respecto, han indicado que el país avanza en su propósito de desmovilización y reintegración de integrantes de grupos criminales, que desde 2022 ha recibido a más de 450 desmovilizados; además, se han sumado 891 desvinculados que buscan cambiar su vida y más de 1.800 individuos que se sometieron de manera voluntaria.
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Para impulsar este tipo de tendencia, se implementó la directiva permanente, expedida por el Ministerio de Defensa, para actualizar los incentivos económicos con un enfoque de bonificaciones para los roles y la colaboración.
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En ese sentido, la cartera ha explicado que se incentiva la entrega de menores, la presentación de integrantes, la entrega de material de guerra y el suministro de información útil. Los pagos oscilan desde 2.5 salarios mínimos legales mensuales por la desvinculación de un menor, hasta 280 para la presentación de un cabecilla principal, además de recompensas por hallazgos como laboratorios, campos minados o dinero ilegal.

De la misma forma, el proyecto incluye “Hogares de Paz”, que son espacios donde durante 90 días los desmovilizados y sus familias reciben asistencia, alimentación y apoyo psicosocial, mientras se recopila información y se planifica su reintegración.
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En este proceso, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) participa garantizando atención integral, acceso a educación formal, formación laboral y capital semilla para proyectos productivos, en coordinación con autoridades locales y la Fuerza Pública.
Debido a que se registran problemáticas como la estigmatización laboral y la alta vulnerabilidad en seguridad, el ministro de Defensa ha indicado que “Si no transformamos el territorio, no va a poder haber seguridad”, manifestando que “con incentivos y acompañamiento integral, cada persona que deja las armas no solo rompe con la violencia: abre un camino hacia una vida digna y en paz”.
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Sofía, un caso resaltado del programa

Para incentivar a que más personas vinculadas a grupos armados dejen las armas, la cartera compartió la historia de Sofía, una menor que fue reclutada por el Clan del Golfo cuando tenía ocho años.
La joven indicó que miembros de la estructura criminal le ofrecieron dinero y protección, pero al ingresar al grupo armado se encontró con una vida totalmente diferente, en la que vivió abusos y fue obligada a violentar a ciudadanos.
“Todo eso que le dicen es mentira. Allá uno sale o es violado o muerto. A los doce años, me pusieron a torturar una persona solo porque no quería pagar unas vacunas”.
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La joven relató que fue víctima de varios abusos, principalmente por parte de altos mandos del Clan del Golfo: “A mí me violaron porque un comandante quería y yo no quería nada con él; me cogió a la fuerza. Me violó porque quería, porque sí, porque ellos son los que mandan”, relató Sofía, que fue embarazada en uno de esos hechos.

Precisamente, el nacimiento de su hijo le hizo tomar la decisión de alejarse de la guerra y buscar una nueva vida, que la convierten en un ejemplo de lo que no deben hacer los jóvenes que piensan que ingresar a un grupo armado es lo mejor.
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“Pensé en el futuro de él porque es un niño que no tiene la culpa de vivir lo que yo viví. No vayan por la plata, ni por nada, porque la plata no es todo en esta vida y primero es su vida, su familia, porque usted se mete en esos grupos al margen de la ley y los que pagan son la familia”.
Por último, Sofía indicó que tras someterse a la justicia ha recibido el acompañamiento del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Gahd) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y actualmente está aprendiendo un oficio y construye un proyecto de vida lejos del miedo y en paz con la sociedad.
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