
El avión presidencial de Colombia, designado FAC 001 y operado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ha sido objeto de atención en los últimos días por una serie de reportes sobre dificultades logísticas durante la gira internacional del presidente Gustavo Petro.
El más reciente episodio confirmado ocurrió en Riyadh, Arabia Saudita, cuando, según información de W Radio, hasta diez empresas locales se negaron a prestar servicios de asistencia y suministro de combustible al avión presidencial colombiano, lo que habría retrasado el itinerario hacia El Cairo, Egipto.
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Situaciones similares se habían presentado días antes en Madrid, España, donde compañías encargadas de la logística en el aeropuerto de Barajas también rechazaron abastecer el FAC 001, procedente de Colombia y con destino al país árabe.

En medio de este contexto, surgieron en redes sociales nuevas versiones que aseguraban que el avión tampoco habría recibido gasolina en Cabo Verde, durante su escala técnica en el trayecto hacia Europa.
El periodista Camilo Andrés García publicó en su cuenta de X que, “según reportes de prensa”, el incidente se habría producido en ese país africano, lo que obligó al avión presidencial a modificar su ruta y continuar su viaje hacia Madrid sin repostar combustible.
Ante estas afirmaciones, el presidente Petro reaccionó directamente, utilizando su cuenta oficial para negar categóricamente cualquier irregularidad durante el trayecto.
“No hemos tenido un solo segundo de retardo en nuestro viaje, no es cierto que no le hayan puesto gasolina al avión, ni nada por el estilo. Ni ha existido demoras en la tanqueada del aparato”, escribió Petro.

El mandatario también cuestionó la forma en la que algunos medios colombianos cubrieron el tema, señalando que lo han ubicado “en aeropuertos que hace años no visito” y que, a su juicio, “ponen noticias con el deseo, no con la realidad”.
Petro fue más allá al poner en duda la fiabilidad de las fuentes que alimentaron los reportes iniciales. “Un periodista tiene una fuente tonta que no está en el avión, ni en Presidencia”, comentó el presidente, en referencia a las versiones que circularon en medios nacionales.
De esta manera, Petro buscó desacreditar las noticias sobre un inconveniente logístico en Cabo Verde y marcó distancia frente a la narrativa mediática que ha acompañado su gira internacional.
Este episodio se suma a una cadena de dificultades que han surgido tras la inclusión del mandatario en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, una medida que, según medios internacionales, ha tenido repercusiones inmediatas en la operatividad de los vuelos oficiales.
Esta medida implica un aislamiento casi total del sistema financiero global, ya que los bancos colombianos —estrechamente vinculados a entidades estadounidenses— deben evitar cualquier relación con personas sancionadas para no exponerse a sanciones internacionales.
En la práctica, Petro enfrenta una “muerte financiera”: no podría tener cuentas bancarias, usar tarjetas, ni realizar operaciones a través de intermediarios, pues los bancos locales podrían ser castigados o incluidos también en la lista. Incluso el pago de su salario como presidente sería complejo, ya que no podría consignarse en una cuenta activa, por lo que la única alternativa viable sería el pago en efectivo.
Pese a que la Lista Clinton no tiene aplicación directa en Colombia, la Corte Constitucional y la Superintendencia Financiera han avalado que las entidades bancarias nieguen o cierren productos a quienes figuren en ella, considerando el alto riesgo reputacional y operativo.

Petro criticó que un banco nacional le negara abrir una cuenta, calificándolo de “irrespeto”, y cuestionó si las entidades colombianas “obedecen a un país extranjero”.
Sin embargo, expertos señalan que la referencia del mandatario a la Superintendencia de Servicios Públicos es errónea, ya que el sector financiero tiene una regulación propia.
La situación agrava la desconfianza internacional hacia Colombia, que recientemente fue suspendida del Grupo Egmont tras filtraciones de información. En este contexto, cualquier intento de Petro por forzar a los bancos a mantener relaciones con él podría generar consecuencias legales y financieras aún mayores para el país.
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