La decisión de enviar a Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias el Viejo, a un centro carcelario responde a la preocupación de las autoridades por el riesgo de fuga y la posible obstrucción de la justicia en el caso del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La jueza 18 Penal Municipal con función de Control de Garantías determinó la medida de aseguramiento tras considerar que existen elementos suficientes para temer la reiteración de conductas delictivas y la amenaza a otros ciudadanos, en especial a candidatos políticos.
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Durante la audiencia, la jueza subrayó la gravedad de la situación, señalando: “Se ha establecido que efectivamente sí hay necesidad de esta medida de imposición de aseguramiento preventiva, para evitar la reiteración y comisión de nuevas conductas punibles o atentados a otros ciudadanos (…) o peor aún, a otros candidatos”. Ninguna de las partes involucradas presentó recurso de apelación contra la decisión.
El proceso judicial se sustenta en la captura de Pérez Marroquín el 27 de octubre de 2025, que, según el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director General de la Policía Nacional, habría sido el principal enlace entre los autores intelectuales del homicidio y el grupo ejecutor. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos en modalidad agravada. El acusado no aceptó los cargos.
A lo largo de la exposición de pruebas, la jueza 18 de Control de Garantías detalló que alias el Viejo estaba preparando un gran atentado con explosivos y advirtió que algunos candidatos podrían haber estado en riesgo.
“Las personas que declararon establecieron que no solamente se realizó esa conducta, se habían realizado otras, se transportaban armas. El mismo, la misma persona con el alias el Viejo, le pagó directamente y le entregó las armas para que fueran transportadas por la señora Katherine”.
Y agregó: “Ya estaba preparando la comisión de nuevos atentados con explosivos”.
Durante la audiencia el funcionario del Ministerio Público detalló que “ya habían impartido instrucciones para destruir evidencias, para deshacerse del celular, para borrar información, para desaparecer de la escena, para esconderse, para ponerse a salvo de la justicia”, lo que, a su juicio, representa un peligro para la comunidad.
El abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay apoyó la posición del ente acusador y el Ministerio Público, argumentando que Pérez Marroquín presenta un alto riesgo de fuga, dada su actitud ante la justicia y la dificultad para establecer su arraigo.
El representante legal de las víctimas puntualizó: “Tenemos que ser presentes y conscientes de que hasta un día antes de la comisión del atentado, el señor Pérez Marroquín estaba en Bogotá. Ahora bien, si bien tenía orden de captura desde julio, esta solamente se pudo hacer efectiva en octubre”.
Según la Fiscalía General de la Nación, Pérez Marroquín habría actuado como intermediario entre los determinadores del asesinato y el grupo delincuencial encargado de ejecutarlo. Se le atribuye la organización del atentado y la delegación del plan a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi.
La jueza, al acoger los argumentos del ente acusador, precisó que “el imputado, presuntamente, es el cabecilla de la organización criminal que integró de manera activa y directa la logística, integrado de autores materiales que perpetraron el atentado”.
Además, habría estado involucrado en labores previas al ataque, que consistieron en hacer seguimiento a la víctima. En marzo de 2025, por ejemplo, habría participado en la vigilancia y toma de fotografías de Miguel Uribe mientras se encontraba en una reunión política en Bogotá.
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