Proyecto que prohíbe que familiares de alcaldes y gobernadores lleguen al Congreso fue aprobado en primer debate: restricción aplicaría también para el presidente

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate el proyecto que busca prohibir que familiares de alcaldes y gobernadores presenten sus nombres como candidatos a elecciones legislativas. A la iniciativa le restan tres debates para convertirse en ley de la República, lo que cambiaría las reglas del juego del ejercicio de la política en el país.

La medida, que cuenta con el respaldo de gran parte de los senadores, pretende combatir la influencia política y, asimismo, el nepotismo dentro de las instituciones públicas y evitar la consolidación de dinastías políticas que muchas veces afectan la transparencia y la democracia en el país.

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El proyecto cobra relevancia en medio de un contexto en el que el poder en varias ciudades del país se concentra en una misma familia, lo que no solo genera preocupación entre la ciudadanía, sino que limita las oportunidades para que personas con ideas innovadoras accedan a cargos públicos en beneficio del desarrollo de las ciudades.

Si bien la propuesta fue aprobada por uno de los órganos legislativos más relevantes, encontró resistencia entre algunos sectores que la consideran restrictiva para los derechos políticos de los ciudadanos.

No obstante, los defensores del proyecto, entre los que se destaca el liberal Alejandro Chacón, argumentaron que la democracia se fortalece cuando se evita la perpetuación de familias políticas que, en ocasiones, controlan territorios y recursos desde hace años, dificultando la renovación política y la participación plural.

El proyecto detalla que la prohibición aplicaría a familiares cercanos, específicamente a esposos, padres, hijos, hermanos, y otros parientes, hasta cierto grado de consanguinidad o afinidad, que puedan ser considerados como vinculados directos de alcaldes y gobernadores en funciones.

De acuerdo con el texto, esta restricción se aplicaría solo durante el período de mandato de estos funcionarios, con el objetivo de cortar cualquier vínculo que pueda favorecer el acceso preferencial a candidaturas legislativas.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentó una proposición para que la restricción también aplique para los familiares del presidente y el vicepresidente de la República, independiente de la posición o ideología de quien ocupe el Ejecutivo en el gobierno de turno.

“Durante la discusión del Proyecto de Ley 295 de 2025S logré que aprobaran una proposición para que los familiares del Presidente y Vicepresidente de la República no puedan aspirar al Congreso. De manera que, se protejan principios constitucionales, haya mayor transparencia y menor asimetría en la realización de las campañas políticas”, indicó el legislador en sus redes sociales.

Con esta propuesta, se espera que los procesos electorales sean menos permeables a la influencia familiar y que fomenten candidaturas basadas en méritos, propuestas y conexión real con las comunidades, en lugar de asentarse en redes de poder heredadas. Por otro lado, se espera que esta iniciativa contribuya a un mayor recambio generacional y político, abriendo espacio para nuevas voces en el Congreso.

En este sentido, el senador Chacón, ponente de la iniciativa, fue enfático al afirmar que el proyecto busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de la ética y la transparencia en la política, por lo que destacó que la perpetuación del poder entre grupos familiares limita la competencia justa y puede facilitar la corrupción.

El proyecto, que fue respaldado por varios sectores políticos, inició con el pie derecho su tránsito al interior del Capitolio Nacional. Por ahora, le restan un debate en la plenaria del Senado de la República y dos en la respectiva comisión y plenaria de la Cámara de Representantes.

Luego de estos debates, el texto pasará a la revisión conjunta de ambas cámaras para enviar el documento final para la sanción del presidente Gustavo Petro, que la convierte en ley que regiría los procesos electorales en el país.