La Procuraduría General de la Nación anunció que formuló cargos contra Andrés René Chaves Fernández, que se desempeñó como gerente encargado de la Imprenta Nacional, por posibles irregularidades en la contratación relacionada con la impresión de cédulas de extranjería.
El Ministerio Público señaló que, desde el inicio, alertó sobre las inconsistencias detectadas en el contrato interadministrativo firmado entre Migración Colombia y la Imprenta Nacional para la impresión y entrega de las tarjetas.
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Por tal motivo, la Procuraduría señaló que, de las pruebas recolectadas en la actuación disciplinaria, se estableció que la Imprenta Nacional carecía de capacidad técnica e infraestructura tecnológica indispensable para la producción de las cédulas de extranjería en las condiciones exigidas por la entidad contratante.
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Lo anterior llevó a que el gerente general encargado, según el Ministerio Público, subcontratara con las empresas Accesos Holográficos sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S., la totalidad de las obligaciones y actividades esenciales derivadas del objeto del Contrato celebrado con Migración Colombia.
Culminada la etapa de investigación y tras la evaluación de las pruebas recopiladas, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación encontró mérito para formular cargos contra Chaves Fernández, que “no se aseguró que la empresa a su cargo contara con la capacidad técnica e infraestructura tecnológica necesaria para producir las cédulas de extranjería en las condiciones técnicas exigidas”.
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La falta disciplinaria imputada al exdirectivo fue calificada como falta grave con culpa gravísima, según detalló la Procuraduría.
La Procuraduría también informó que archivó la investigación en favor de Carlos Fernando García Manosalva, director general; Rigoberto Niño Corredor, secretario general, y Carlos Julio Ávila Coronel, jefe de la Oficina Jurídica de Migración Colombia, al no acreditarse, frente a ellos, los requisitos para formularles cargos al contratar con la Imprenta Nacional.
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Demanda al contrato de pasaportes
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para análisis la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el contrato estatal de 1,3 billones de pesos establecido para la elaboración de pasaportes y visas en Colombia.
El proceso, que involucra a la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda de Portugal, busca poner bajo escrutinio los procedimientos que rodearon la formalización del convenio y su legalidad.
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La acción judicial del órgano de control se dirige a la reciente adjudicación del proyecto para la producción y personalización de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visa, una responsabilidad asumida por la Imprenta Nacional de Colombia tras la firma de un convenio interadministrativo.
Según la demanda, dicha entidad no contaba con las capacidades totales requeridas, lo que derivó en una alianza con la Casa da Moneda de Portugal a fin de cumplir con los objetivos contractuales.
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Para la Procuraduría, existe una infracción directa al modelo de contratación pública, ya que la Cancillería optó por una contratación directa con la Imprenta Nacional en vez de recurrir a una licitación pública, mecanismo que la ley prevé para contratos de esta magnitud.
El documento radicado ante el tribunal sostiene que esta circunstancia derivó en la “subcontratación de la totalidad del objeto para el cual fue contratada la Imprenta Nacional”, acción que, según los argumentos presentados, debió ser gestionada de forma competitiva para garantizar la idoneidad y transparencia.
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El convenio, suscrito el pasado 28 de julio, compromete recursos superiores al billón de pesos y establece reglas de cooperación y participación con el Gobierno de Portugal para implementar un nuevo modelo de pasaportes.
El representante de la Procuraduría, Marcio Melgosa, detalló que la alianza con la Casa da Moneda de Portugal se justificó originalmente en la aplicación del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, relativo a la contratación con organismos internacionales.
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Sin embargo, la entidad de control argumenta que la participación financiera de la institución portuguesa solo representó el 21% del valor total del convenio, por debajo del umbral legal mínimo del 50%.
Entre las solicitudes de la Procuraduría ante el Tribunal, se pide la “restitución integral de las sumas de dinero que hayan recibido como contraprestación del convenio cuya anulación se persigue” y el reintegro de los intereses moratorios correspondientes.
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