El mercado ilegal de autopartes se convirtió en un eslabón clave para el fomento del robo de vehículos en las grandes ciudades, y Bogotá no es la excepción, así lo indició la Secretaría de Seguridad.
De acuerdo con la dependencia distrital la compra autopartes de procedencia ilícita no solo fortalece estructuras criminales, sino que expone a los compradores a severas sanciones legales y riesgos para la seguridad vial.
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El Código Penal Colombiano, en su artículo 447, establece que adquirir, recibir o comerciar con elementos provenientes de delitos constituye el delito de receptación, cuya pena oscila entre dos y ocho años de prisión, además de multas de cinco a 500 salarios mínimos legales vigentes.
Si la receptación involucra partes esenciales de vehículos automotores o conductas agravadas —como el ocultamiento, posesión, conversión o transferencia de bienes robados— la sanción puede extenderse de seis a trece años de cárcel y multas de siete a 700 salarios mínimos mensuales, aumentando aún más si el valor del bien supera los límites estipulados por la ley.
Sin embargo, las consecuencias sobrepasan el ámbito judicial. Según la Secretaría de Seguridad, existen repercusiones que afectan directamente al propietario y a la comunidad:
- Riesgo para la seguridad: un repuesto de origen ilegal, no certificado ni sometido a controles de calidad, puede fallar inesperadamente y provocar accidentes de tránsito, poniendo en peligro la vida de quienes ocupan el vehículo y de terceros en la vía.
- Pérdida de la garantía: la instalación de autopartes ilegales anula la cobertura de garantía otorgada por fabricantes o concesionarios.
- Costos a largo plazo: los repuestos de contrabando suelen tener menor durabilidad, lo que provoca daños al vehículo y gastos adicionales en reparaciones.
- Afectación al comercio formal: la compra de autopartes no certificadas debilita a los comercios legales y fomenta el ciclo delictivo, aumentando la demanda de piezas robadas y afectando el sustento de cientos de talleres y empleos formales.
Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, hizo un llamado a la ciudadanía: “Cada vez que alguien compra una autoparte ilegal, fortalece las redes criminales que se dedican al robo de vehículos en la ciudad. Por eso el llamado desde el Distrito es a ser responsables al momento de adquirir estos repuestos, verificar su procedencia, comprar en establecimientos autorizados y exigir factura”.
Las acciones de control policial y judicial han dejado importantes resultados en lo corrido de 2025: las denuncias por hurto a vehículos en Bogotá han disminuido en un 25% respecto al año anterior, y el hurto a motocicletas ha bajado un 19%. En septiembre, la Policía incautó 250 motores con identificación falsa escondidos en un sótano del sector de La Estanzuela (Los Mártires), mientras que en zonas como Siete de Agosto y el Restrepo se han decomisado más de 2.000 autopartes y más de 800 motores con sistemas regrabados.
La Policía Metropolitana de Bogotá invitó a los ciudadanos a reportar anónimamente la ubicación de lugares dedicados a la venta de autopartes ilícitas a través de la Línea contra el Crimen: 314 3587212.
¿Qué es la receptación y cómo actúa la ley?
La receptación, definida en el artículo 447, ocurre cuando una persona —sin haber participado directamente en el hurto o delito original— adquiere, esconde, transforma o transfiere bienes obtenidos ilícitamente. Sin importar si se involucró en el acto criminal, el receptor sabe que el bien fue robado y busca beneficiarse de ello, incurriendo en responsabilidad penal.
La legislación señala, además, una serie de agravantes: cuando los bienes receptados son automotores o partes esenciales, mercancía transportada, suministros destinados a servicios públicos o si el valor supera los 1.000 salarios mínimos, la pena se agrava. También, si los productos involucrados (como medicamentos, alimentos, textiles, autopartes y otros) exceden los cinco salarios mínimos legales mensuales.
¿Cómo denunciar?
Ante la sospecha o conocimiento de la venta o compra de autopartes robadas, los ciudadanos pueden:
- Acudir a la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia, aportando datos de tiempo, lugar y circunstancias del delito.
- Presentar la denuncia de manera verbal o escrita, en persona o en línea.
- Acudir al cuadrante de la Policía Nacional más cercano para orientación y acompañamiento en el proceso.
El caso será investigado por la Fiscalía, que lo llevará ante un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías y, en etapa posterior, ante el Juez Penal de Conocimiento, donde se dictará sentencia.
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