Hace más de cuatro meses Ecopetrol abrió una licitación por más de 2 billones de pesos para contratar servicios de vigilancia en todas sus sedes del país, pero el proceso estaría estancado por presuntas maniobras internas.
La convocatoria busca garantizar la seguridad en las instalaciones de la empresa, incluidas 15 zonas estratégicas con infraestructura crítica y sedes administrativas, por un periodo de cinco años.
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El contrato, considerado uno de los más grandes en la historia reciente de la petrolera, inició con polémica debido a supuestas invitaciones restringidas para participar en el proceso. Según fuentes cercanas citadas por Revista Semana, la adjudicación se ha demorado por presuntas intervenciones dentro de la compañía, lo que habría frenado la toma de decisiones.
Señalamientos sobre un alto directivo
Entre los nombres mencionados aparece el vicepresidente de Abastecimiento y Servicios, Jaime Andrés García, quien, según versiones internas, habría intervenido en varios momentos clave del trámite. Estas situaciones han generado inquietud entre los oferentes y dentro de la propia compañía sobre la transparencia del proceso.
Las mismas fuentes indicaron que alrededor del contrato habría influencia de proveedores internacionales y de empresas relacionadas con el empresario catalán Xavier Vendrell, lo que habría complicado aún más la definición del resultado. Además, se mencionan presuntas presiones externas que estarían retrasando la adjudicación.
Presuntas reuniones con cercanos a la Casa de Nariño
De acuerdo con Semana, también se habrían registrado reuniones entre intermediarios de sectores políticos y personas cercanas a la Casa de Nariño, así como a la primera dama Verónica Alcocer, quienes tendrían supuestos intereses en el desarrollo de la licitación.
Hasta el momento, Ecopetrol no ha emitido pronunciamiento oficial sobre las versiones conocidas. La empresa ha señalado únicamente que el proceso continúa en marcha y que se adelanta conforme a los protocolos establecidos por la compañía.
Un proceso clave para la seguridad de la estatal
Este contrato es fundamental para la petrolera, ya que busca mantener la protección de sus activos físicos y operativos en zonas de alto riesgo o con presencia de grupos armados.
Sin embargo, la demora podría afectar la planeación financiera y operativa del próximo año si la adjudicación no se concreta antes de finalizar 2025.
Fuentes internas aseguraron a Semana que la prioridad de la administración es garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales.
Aun así, persisten dudas sobre los tiempos de reactivación del proceso y las decisiones que se adoptarán para definir al contratista responsable de la seguridad en todo el país.
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