
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la exgobernadora encargada de Nariño, Viviana Milena Solarte Solarte, por presuntas irregularidades en un proceso de compra de maquinaria de construcción por más de $12.500 millones.
De acuerdo con el Ministerio Público, la compra fue hecha con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), un fondo destinado a financiar proyectos en las regiones del país, por lo que la apertura de la investigación busca esclarecer posibles inconsistencias en el manejo y en la selección del fondo mixto encargado de la adquisición.
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El ente de control encontró indicios de que no se habrían cumplido los procedimientos establecidos para designar a la entidad responsable de llevar a cabo la adquisición, así como los requisitos para el desembolso de los recursos del SGR, ya que dicho fondo también debía administrar la compra de otros vehículos para el uso de la Gobernación de Nariño.
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Como parte del proceso, la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR solicitó a la administración de ese departamento toda la documentación relacionada con el proyecto. Esta información incluye antecedentes, análisis técnicos, jurídicos y financieros que sirvieron de soporte para designar al fondo mixto como el ejecutor de la compra.

En la misma línea, la entidad solicitó conocer el estado actual en la ejecución del proyecto, para el que fue adquirida la maquinaria de construcción implicada. Asimismo, pidió un informe detallado sobre el uso, mantenimiento y destino de los equipos, con el fin de verificar que estos recursos se estén empleando conforme a los objetivos iniciales del contrato.
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Con esta información, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de una conducta que pueda constituir una falta disciplinaria y esclarecer si la exgobernadora y demás responsables actuaron ajustándose a la ley o si incurrieron en irregularidades que comprometan la correcta administración de los recursos públicos en el departamento.
En este sentido, la investigación podría derivar en responsabilidades para los funcionarios involucrados si se comprueba que no se cumplieron con los procesos legales y administrativos, lo que desencadenaría algún tipo de sanción administrativa.

Además de solicitar documentación, la entidad dejó abierta la posibilidad de que Viviana Milena Solarte sea escuchada en versión libre, un mecanismo mediante el cual la exfuncionaria puede explicar su posición y aportar elementos que contribuyan a aclarar los hechos.
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Si bien la participación de los señalados en este tipo de diligencias es voluntaria, es también una oportunidad para que los investigados entreguen su versión de los hechos, de manera formal, para aportar a su defensa dentro del proceso disciplinario en su contra.
Para la entidad, la inversión para la adquisición de la maquinaria con fondos del SGR corresponde a un monto significativo que tiene un impacto importante en esa región del país. Por tal motivo, según la Procuraduría, el control y la vigilancia en la ejecución del proyecto deben ser estrictos para garantizar que el uso de estos recursos se realice de manera transparente y eficiente.
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Si se confirma que hubo fallas en el proceso de selección del fondo mixto y en la adquisición de la maquinaria, las consecuencias para los responsables, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pueden ir desde sanciones administrativas hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En este sentido, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, por lo que destacó que la investigación iniciada es un claro ejemplo de la labor que desempeña para garantizar que los recursos de los colombianos se utilicen de manera adecuada y conforme a la ley, protegiendo los intereses de la comunidad y fortaleciendo las instituciones del país.
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