La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra Jorge Andrés Carrillo, presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), como parte de una investigación disciplinaria relacionada con la firma de un contrato para la prestación de servicios de vigilancia.
Este proceso disciplinario, que se encuentra bajo vigilancia administrativa e instrucción disciplinaria, apunta a la presunta existencia de irregularidades en un contrato para la prestación del servicio de vigilancia del grupo EPM, cuyo valor superaba los $73.000 millones.
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Las presuntas irregularidades señaladas se centran en la aceptación de la oferta presentada por la empresa Suportuno Servicio Limitada. Según la Personería, dicha empresa habría incumplido en dos ocasiones con un requisito habilitante fundamental para el contrato. A pesar de estos incumplimientos, la empresa obtuvo la adjudicación del contrato luego que funcionarios de las EPM permitieran la subsanación de estas fallas.
El requisito resuelto por EPM motivó la apertura del proceso. Yenny Teresita Serna, Personera Delegada 20D, explicó que la conducta atribuida a Carrillo Cardoso se califica, en principio, como interés indebido en la celebración de contratos.
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Según el ordenamiento jurídico, la conducta que se le atribuye a Carrillo es considerada una falta gravísima a título de dolo, lo cual implica que el presunto incumplimiento fue intencional y con conocimiento de causa. La gravedad de esta situación llevó a que el proceso fuera remitido al área de decisión disciplinaria para que se lleve a cabo toda la etapa de juzgamiento correspondiente.
“Las presuntas irregularidades consistieron en la aceptación de oferta de la empresa Suportuno Servicio Limitada a sabiendas de que, al parecer, dicha empresa habría incumplido en dos oportunidades con un requisito habilitante, el cual fue subsanado por funcionarios de empresas públicas de Medellín. La conducta que se le endilga al gerente Carrillo Cardoso a título de presunción consiste en interés indebido en la celebración de contratos”, explicó la funcionaria.
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El proceso se encuentra en la etapa de juzgamiento, por lo que el ente de control debe decidir si Jorge Andrés Carrillo resulta absuelto o si, por el contrario, se le impone alguna sanción. Por su parte, Serna añadió que la decisión final dependerá de la valoración de los hechos y las pruebas recabadas durante la investigación.
Este no es el único proceso que enfrenta Carrillo
Es importante destacar que Jorge Andrés Carrillo no solo enfrenta este proceso disciplinario por su gestión en EPM, sino que actualmente ocupa el cargo de presidente del Grupo ISA, un grupo empresarial colombiano de transmisión de energía, concesionaria vial y de gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones.
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Su nombramiento en el cargo que ocupa en esa organización también fue cuestionado y demandado en instancias judiciales. Dichas acciones permanecen en trámite ante el Consejo de Estado.
La acción judicial en su contra es tratada por la Sección Quinta del alto tribunal, la cual busca determinar si la elección de Carrillo estuvo marcada por irregularidades que, según el argumento del demandante, afectaron la transparencia y legalidad del procedimiento.
Entre las acusaciones figuran el presunto incumplimiento de requisitos y la existencia de falsedades en la hoja de vida del actual presidente de la compañía, así como irregularidades en las actas y documentos que respaldaron la elección, lo que motivó objeciones formales y la suspensión temporal del registro del nombramiento.
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La controversia sobre el nombramiento de Carrillo se remonta a noviembre de 2024, cuando la Cámara de Comercio de Medellín inscribió su designación. Poco después, el diputado antioqueño Luis Eduardo Peláez presentó una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, exigiendo claridad sobre el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de selección.
Durante este periodo, Carrillo no pudo ejercer plenamente sus funciones, lo que limitó la capacidad operativa de la empresa y generó un estado de parálisis administrativa durante varios meses.
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