El ministro Montealegre le pidió al Ministro de Defensa mantener en prisión militar a los “narcohermanos” condenados por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, autorizar la permanencia temporal de Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos, conocidos como los narcohermanos, en un establecimiento especial de reclusión militar.

Ambos cumplen una condena de 25 años de cárcel por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena.

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En un oficio dirigido al Ministerio de Defensa, Montealegre explicó que la solicitud responde a la urgencia de garantizar la seguridad y protección de los condenados mientras el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) evalúa las condiciones de los centros penitenciarios donde podrían ser trasladados de manera definitiva.

Según el ministro, la permanencia temporal en un centro militar es indispensable para proteger la vida e integridad de los internos hasta que se determine una solución definitiva.

“Por esas razones, es necesaria la permanencia temporal en un centro de reclusión militar, y seguirá siendo indispensable durante un lapso razonable a fin de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad de la referencia, mientras se resuelve de manera permanente la situación”, afirmó Montealegre en el documento oficial de acuerdo con W Radio.

Los Pérez Hoyos fueron capturados y posteriormente condenados tras confesar su participación en el homicidio de Pecci, quien en el momento del crimen se encontraba de vacaciones en Colombia mientras ejercía como fiscal antimafia en Paraguay.

La decisión de mantenerlos temporalmente en un centro militar refleja la preocupación de las autoridades por la seguridad de los internos y la complejidad del caso, que ha tenido repercusión internacional.

La medida coincide con el avance de un proceso judicial iniciado por la familia de Marcelo Pecci, que busca una reparación directa contra el Estado colombiano y la cadena hotelera Decameron.

Los familiares del fiscal reclaman una indemnización superior a 2.000 millones de pesos por los daños morales, materiales, inmateriales y lucro cesante derivados del asesinato del funcionario. Entre los demandantes se encuentran la viuda de Pecci, Claudia Andrea Aguilera, su hijo, padres, hermanos y sobrinos.

La demanda, admitida por el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, argumenta que tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Defensa y Hoteles Decameron Colombia S.A.S. deben responder por lo que consideran una “inacción negligente” que habría facilitado la muerte de Pecci.

El documento judicial sostiene que la muerte violenta del fiscal constituye una lesión definitiva al derecho fundamental a la vida, protegido por el artículo 11 de la Constitución Política. Además, la familia señala que ellos son víctimas indirectas de la omisión de las autoridades y la empresa privada en la prevención del homicidio.

Según la demanda, la Policía Nacional no adoptó medidas preventivas a pesar de que la investigación identificó que el crimen comenzó a planearse desde el 2 de mayo de 2022.

Los demandantes afirman que Pecci, debido a su labor como fiscal antimafia, enfrentaba riesgos permanentes y que la institución únicamente actuó después de la ejecución del delito.

Asimismo, el documento judicial resalta que la ejecución del asesinato involucró a personas con sentencias condenatorias vigentes, lo que, a juicio de los familiares, evidencia una omisión en la obligación de proteger a la ciudadanía frente a riesgos inminentes.

El proceso también indica que, aunque el plazo para solicitar la reparación directa es de dos años contados desde el hecho, este término puede suspenderse si se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial.

En el caso de la familia Pecci, la solicitud se hizo ante la Procuraduría el 10 de mayo de 2024 y el 18 de julio del mismo año se expidieron constancias de que no hubo acuerdo entre las partes, lo que permitió continuar con la acción judicial.

Mientras tanto, el Inpec continúa evaluando las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios para definir el traslado definitivo de los Pérez Hoyos.