El portal de aspirantes a cargos de la Presidencia de la República publicó, el miércoles 15 de octubre, la hoja de vida de Bernardo Camacho Rodríguez, cuyo nombre aparece como candidato para reemplazar a Giovanni Rubiano al frente de la Superintendencia Nacional de Salud.
La designación de Camacho se produce en un contexto de tensión en el sector salud, caracterizado por la crisis de las EPS y, al tiempo, la discusión de la reforma sanitaria en el Congreso. De ser confirmado en el cargo, enfrentará el reto de fortalecer la vigilancia del sistema, reorganizar las EPS intervenidas y recuperar la confianza en la superintendencia luego de la salida de Rubiano.
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Gestión en Nueva EPS
Entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, Camacho se desempeñó como agente interventor de la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en Colombia. Durante su gestión, implementó auditorías médicas y financieras con el objetivo de sanear la entidad y establecer controles más rigurosos.
En julio de 2025, Camacho afirmó que su equipo había logrado superar la etapa de verificación y procesamiento de más de 12 millones de facturas pendientes por un valor aproximado de $4,3 billones, que se encontraban represadas desde 2023 y años anteriores; y aseguró que estaba a la espera de la aprobación de la contralora delegada para dar a conocer las cifras finales.
Entre las causas de los retrasos, Camacho señaló que los pagos a las IPS se realizaban “conforme a los promedios de radicación mensual de la facturación presentada y no por la facturación procesada y auditada que se registraba en la contabilidad”, y que los archivos Rips (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) eran borrados una vez incluidos en las bases de datos, impidiendo contrastar la información en los tiempos requeridos. También destacó la falta de soporte tecnológico para el procesamiento de facturas, lo que afectaba “la integridad de la información y los tiempos”.
La orden de arresto en su contra
El 22 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero Laboral de Sogamoso ordenó el arresto de dos días y una multa de dos salarios mínimos legales mensuales a Camacho por incumplir un fallo judicial que protegía el derecho a la salud de un paciente de 75 años con cáncer. El paciente debía recibir medicamentos e insumos, así como la asignación de una enfermera las 24 horas.
El juez Javier Andrés Chaparro explicó que “hubo desidia y desatención no solo respecto al cumplimiento a la orden de tutela previamente ordenado, sino a los múltiples requerimientos que realizó este Despacho Judicial en desarrollo del presente trámite incidental”.
Además, señaló que el silencio de la intervención frente a los cuatro autos enviados entre junio y julio corroboró “el desinterés de los incidentados en acatar las decisiones proferidas por esta Judicatura en prejuicio de los intereses iusfundamentales del señor Eccehomo Castillo Pulido”.
Formación académica y trayectoria profesional
Camacho es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en medicina transfusional, especializada en la gestión y control de procesos relacionados con sangre y hemoderivados, y cuenta con una maestría en gestión de ciencia e innovación, orientada a la administración de instituciones de salud y proyectos de investigación.
Ha liderado investigaciones y programas de innovación en salud pública desde el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (Iscbis) de Bogotá. Su experiencia incluye auditorías médicas y financieras, implementación de auditorías forenses internacionales y denuncias de fraudes y suplantaciones de identidad en la Nueva EPS.
Además de reorganizar las EPS intervenidas y reforzar la vigilancia del sistema, de llegar a la Superintendencia de Salud, Bernardo Camacho enfrentará otros retos derivados de la crisis actual del sector salud, incluyendo el manejo de deudas acumuladas por las aseguradoras, las barreras en la entrega oportuna de medicamentos a los pacientes, y la suspensión temporal o cierre de algunos servicios de atención.
Su gestión también deberá abordar la falta de infraestructura tecnológica adecuada en varias entidades y garantizar que los recursos financieros sean distribuidos de manera efectiva para proteger el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud.
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